Encrucijada en la salud mundial

La Conferencia Mundial sobre Enfermedades no Transmisibles en Montevideo es antesala de un programa que tratará la Asamblea General de Naciones Unidas el año próximo para abatir ese tipo de dolencias, que se estima afectan a 700 millones de personas. La hoja de ruta aprobada por jefes de Estado, ministros y otros delegados de 94 países incluye recomendaciones específicas para que la ONU las apruebe y ponga en práctica. Las conclusiones del encuentro, organizado por nuestro gobierno, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana, formalizan una iniciativa de enorme importancia para la salud mundial, siempre que no se quede en la formulación de buenas intenciones que, como ha ocurrido tantas veces, se diluyen luego por incumplimiento de naciones omisas.

Las enfermedades que no se producen por contagio están encabezadas por las cardiovasculares y el cáncer, principales causas de muerte en nuestro país. El presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, centraron sus exposiciones en los avances logrados en Uruguay en la lucha contra el tabaquismo, que incide en ambas dolencias, así como en los planes en marcha para combatir el alcoholismo y la obesidad. Vázquez señaló que el tabaquismo causa el 35% de todos los tipos de cáncer y destacó que Uruguay se ha convertido en el primer país de América y el séptimo del mundo en ser "libre de humo de tabaco".

Pero pese a los avances en este campo, que incluyeron ganarle un juicio internacional a la poderosa tabacalera Philip Morris, el país enfrenta todavía una lucha cuesta arriba contra otras amenazas a una vida saludable. Un informe de la OMS en 2014 situó a Uruguay como uno de los países con mayores niveles de alcoholismo en América Latina. Es posible que esa indeseable posición haya mejorado algo desde que se impuso la tolerancia cero de alcohol en conductores de vehículos. Igualmente compleja es la lucha contra la obesidad, que afecta a casi un tercio de la población. El gobierno recurre a medidas legislativas para reprimir el tabaquismo, el consumo de alcohol y el de alimentos con altos contenidos de azúcar, sal y grasas saturadas. Pero mucha gente objeta, con fundamento, que el exceso regulatorio del Estado atenta contra las libertades individuales. Es una situación que exige un equilibrio preciso entre los derechos de las personas a elegir su forma de vida y la obligación de todo gobierno de velar por la salud pública. Incluso existe una incongruencia oficial en el caso de las drogas. Un decreto de mayo de 2016 prohibió el consumo de cualquier tipo de drogas en el trabajo, pese a lo cual se mantiene vigente la venta legalizada de marihuana.

Al margen de la situación uruguaya, Vázquez informó que, además de las muertes que causan las enfermedades no transmisibles, América Latina y el Caribe gastan US$ 103 mil millones cada año en la atención sanitaria de sus víctimas. Esa suma gigantesca, que se multiplica cuando se le agrega el resto del mundo, debe ser un decisivo acicate para que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos por combatirlas. Pero solo será posible si la hoja de ruta aprobada en Montevideo y presumiblemente por la ONU en 2018 es tomada en serio en esta encrucijada de la salud mundial en vez de pasar a engrosar la lista de urgencias postergadas, como ha pasado con el cambio climático o el desarme nuclear.