Erradicar la pobreza en Uruguay, un objetivo al alcance del país

El 17 de octubre pasado, Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, recordamos que hace 25 años la Asamblea General de la ONU declaró un día para la reflexión global sobre un asunto que no le puede ser ajeno a nadie.

Hoy, con más de 800 millones de personas todavía viviendo con menos de US$ 1.25 al día, sin alimentos y saneamiento adecuados, el compromiso sigue vigente y ha sido revitalizado por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en ese marco, el primero aspira a erradicar la pobreza extrema y a reducir a la mitad, como mínimo, la pobreza en todas sus dimensiones.

América Latina, la agenda pendiente

América Latina ha experimentado transformaciones profundas y positivas en las últimas décadas. Se avanzó hacia la estabilidad económica, se aceleró la apertura comercial y sus beneficios se invirtieron en políticas de desarrollo orientadas a proteger a los sectores más vulnerables.

La pobreza extrema se redujo al 11% mientras que el 34% de la población regional pasó a engrosar la clase media. Los ahorros y las reservas resultantes del buen manejo macroeconómico permitieron superar la crisis del 2009 y llegar al 2013 con el coeficiente de Gini (1) más bajo jamás registrado en la región (2).

Incluso en el periodo 2013-2015, cuando se evidenció la desaceleración económica, las mejoras sociales de la mayoría de los países de la región no se detuvieron, dando muestra de una relativa solidez.

Sin embargo, las décadas de crecimiento no consolidaron las inversiones y reformas de los sistemas de protección ni atacaron los sistemas de privilegios, acciones necesarias para un contexto en el que la mayoría de la sociedad ya había salido de la pobreza. La estabilidad laboral, el acceso a sistemas equitativos de pensión, salud y cuidados, y más y mejores servicios educativos, como puentes de transición al mercado laboral, son algunos de los desafíos pendientes. La región continúa siendo la de mayor desigualdad en el mundo, la cual se expresa en peores indicadores de pobreza en la población infantil, joven, en las mujeres y en los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En ausencia de las reformas estructurales que combatan las causas de fondo que producen la pobreza y desigualdad, el 40% de la población de la región vive en condiciones de vulnerabilidad económica, con una informalidad que alcanza a más de la mitad de la población trabajadora y con un déficit de cobertura de servicios básicos que pone a prueba la solidez de los logros.

Naciones Unidas propone avanzar en tres agendas en la región para el mediano plazo: la inclusión social efectiva, la protección social integral y la inclusión productiva.

La inclusión social efectiva para corregir el hecho que las mejoras alcanzadas no han sido para todas las personas.

La protección social integral para proveer a los grupos vulnerables y la clase media con la estabilidad y seguridad económica necesaria para evitar la recaída en pobreza.

Por último, la inclusión productiva para reducir la informalidad e impulsar una mayor productividad, a través de la inversión en calidad educativa, especialización laboral, investigación y desarrollo, infraestructura, crédito productivo, y de medidas que ataquen los mecanismos que perpetúan la desigualdad.

Uruguay vivió en los últimos años un proceso de reducción de la pobreza de ingresos sin precedentes. El último dato publicado por el INE (2017) da cuenta de un mínimo histórico de 9,4% y la erradicación casi total de la indigencia.

Con estos datos, la tentación de no hacer más está presente. Sin embargo, precisamente ante este escenario, Uruguay tiene que hacer más. Y es que el país puede eliminar la pobreza en todas sus formas, en todos sus grupos sociales y en todo su territorio. Los logros acumulados, el tamaño del país y la concentración geográfica de las vulnerabilidades son un espacio de oportunidad real.

Por otro lado, esta transformación tan radical en menos de 15 años se ha visto acompañada de cambios importantes en la percepción que tienen los uruguayos sobre los más pobres. Cada vez más personas piensan que los pobres están en esa situación fruto de su propia responsabilidad. En 1996 era un 12%, en 2006 se había duplicado a un 26%, y en la medición del 2011 alcanzó a 45% de los uruguayos (3). Es pues clave para la lucha contra la pobreza, revalorizar la agenda de derechos y la justicia social en la ciudadanía.

Si bien el punto de partida de Uruguay es distinto al de otros países de la región, los retos en términos de políticas públicas no son tan disímiles. Una agenda de erradicación de la pobreza en Uruguay supone, entre otras cosas:

1. Empezar por la pobreza infantil y juvenil. Con el 90% de la población pobre compuesta por menores de 18 años y por los adultos que viven con ellos (4), la batalla contra la pobreza se puede ganar luchando contra las causas que provocan la pobreza en la infancia, adolescencia y juventud.

2. Reconocer y abordar las múltiples dimensiones de la pobreza y el bienestar. Las políticas redistributivas llevadas a cabo en el período anterior hicieron hincapié en el ingreso, pero los avances no se trasladaron en similar magnitud a otras dimensiones de la pobreza.

3. Entender las distintas dinámicas de entrada y salida de la pobreza y ofrecer respuestas diferenciadas. La educación y el trabajo son claves para salir de la pobreza mientras que para evitar la recaída cuentan más el acceso a activos, la calidad del trabajo y los sistemas de cuidados.

4. Trabajar simultáneamente con los distintos niveles de ingreso: rompiendo las exclusiones duras y las privaciones "estructurales", protegiendo a los más vulnerables de recaer en la pobreza y consolidar las trayectorias ascendentes de la clase media.

5. Acceder a más y mejor información. Es necesario contar con información desagregada y a la vez interconectada que permita diseñar y evaluar políticas complejas capaces de resolver problemáticas de corte estructural.

Combatir la pobreza, desigualdad y vulnerabilidad en Uruguay es un horizonte ético y político de primer orden. Pero, sobre todo, es un horizonte al alcance del país. l