Ubicado en el consulado de EEUU en San Pablo, Daniel Ackerman se desempeña como el coordinador general de Asuntos de Propiedad Intelectual para América Latina y el Caribe, para el departamento de Justicia estadounidense.
Para Ackerman el primer gran desafío para combatir las falsificaciones y la piratería a nivel regional es que no existe un nivel de comunicación constante entre países, agencias y privados. Es por ello que visualiza a la comunicación y la coordinación como prioridad.
"Realmente es necesaria más comunicación para poder combatir el delito. Los productos llegan muchas veces de otras regiones; se precisa de ayuda, de inteligencia y coordinación. Si se habla del mundo digital, no hay suficientes recursos para fiscalizar a cada sitio que está vendiendo contenido pirata, como no lo hay para cada contenedor que llega al puerto. Para optimizar recursos se necesita coordinación", comentó a El Observador.
Ackerman estuvo recientemente en Montevideo para participar del Seminario regional de Capacitación sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, por su sigla en inglés), organizado por el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Aduanas de Uruguay, la embajada de Estados Unidos y la embajada de Paraguay.
Su tarea se orienta fundamentalmente a ministerios públicos, agencias policiales y aduaneras, pero también dice trabajar "bastante" con las empresas, en cuanto son las víctimas directas de este tipo de delito, aunque subraya que es la sociedad toda la perjudicada con estas prácticas.
El funcionario considera que en materia penal "en muchos países, EEUU incluído, las penas podrían ser un poco más duras", para que se interprete que el tema es tomado en serio y eso ayude a la disuasión.Se trató de la primera visita de Ackerman a Uruguay. Considera que todavía tiene "mucho que aprender sobre desafios específicos, y las maneras de ayudar". Valoró los contactos personales y la recepción "excelente" y "sumamente profesional".
Ackerman fue asesor legal del departamento de Justicia en la embajada de EEUU en Brasil y también en la embajada de EEUU en Honduras donde trabajó con el ministerio público y otras autoridades en temas de privación de dominio y lavado de activos.
Ha sido fiscal estatal en California y profesor de Derecho en la universidad de Loyola en Los Ángeles. Se graduó de Columbia University en Nueva York y la universidad de Southern California. También fue profesor de Derecho en el Loyola Law School.
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