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Esencialidad pertinente
Además de los déficit y pobreza de gestión en muchas de sus empresas laterales, un obstáculo voluminoso a los esfuerzos del actual directorio para ordenar a ANCAP es su exceso de personal en la refinería de La Teja. Pero se ha logrado un avance, modesto pero significativo, con la declaración de esencialidad del suministro de combustibles. A lo largo de muchas administraciones se fueron incorporando trabajadores innecesarios, como perniciosa forma expeditiva de desactivar conflictos sindicales. El resultado fue asignar a algunas funciones el doble del personal justificable, lo que incide en el bajo nivel de productividad laboral de la refinería en comparación con plantas de igual volumen en otros países.
El decreto de esencialidad ha permitido reducir a lo estrictamente necesario el número de trabajadores que se precisa para el despacho de combustibles y flexibilizar la movilidad tanto en los diferentes turnos como en asignar a esa tarea funcionarios de otras áreas. Estos cambios permiten reducir el costo de las horas extras generadas bajo el rígido sistema existente y cuya suspensión el sindicato utilizó como arma en el conflicto que desabasteció a gran parte del país durante varios días. Los términos del decreto, por otra parte, autorizan a ANCAP a imponer sanciones graves a quienes no los cumplan, que van desde suspensiones y pérdida de salarios hasta la destitución.
Esta última opción es siempre improbable, debido al largo y engorroso trámite que se requiere para privar a un funcionario público de la inamovilidad de por vida, privilegio con que la Constitución discrimina contra la mayoritaria masa de trabajadores privados. Pero bajo el decreto al menos se asegura un uso más racional del personal de ANCAP. El sindicato del ente y el PIT-CNT han reaccionado contra la medida, defendiendo lo que consideran derechos adquiridos. Entre ellos figura el tema que detonó el conflicto, cuando las autoridades resolvieron cerrar el servicio médico exclusivo de ANCAP, que le cuesta al ente US$ 4 millones por año, pasando al personal al sistema estatal de salud.
Es comprensible el disgusto sindical con medidas que reduzcan privilegios que se han ido acumulando durante décadas. Igual actitud de protesta generaron medidas de racionalización laboral en empresas del ente, especialmente en el deficitario sector del cemento. Pero no puede eludirse la realidad de que el funcionamiento ordenado de ANCAP y sus empresas requiere indispensablemente la reducción de los costos operativos. Es la única forma de frenar las gigantescas pérdidas del ente en los últimos años, que forzaron al gobierno a capitalizarlo con más de US$ 600 millones salidos de los bolsillos de todos los uruguayos.
La esencialidad no solo se justifica por el angustioso desabastecimiento de combustibles que sufrieron los hogares y todas las ramas de actividad durante el conflicto. Es también pertinente porque se ha convertido en un instrumento idóneo para utilizar personal con el criterio de eficiencia de gestión que procura implementar el directorio. A diferencia de lo que ocurriera con la frustrada declaración de esencialidad en la educación pública ante una ola de paros, cuando el gobierno dio rápida marcha atrás, y pese a la exigencia del PIT-CNT de que se siga ahora igual curso, corresponde mantener el decreto sobre ANCAP. La alternativa es endosar el endeble manejo administrativo de sus anteriores autoridades.
