Esquivando el costo político del ajuste fiscal

La suba de las tarifas públicas de inicio del año fue más alta de lo requerido por la ecuación de costos de las empresas del Estado. Lejos de ser un ajuste explicado por la dinámica del negocio propio de cada empresa, el aumento obedeció a una política que trasciende a los entes estatales y tiene que ver con las finanzas del Estado. Ni UTE ni ANTEL requerían ajustes tan pronunciados –e incluso ANCAP podía haber bajado sus tarifas–, quien lo requería era la administración pública en su conjunto.

Hace poco más de un año, un déficit fiscal de 3,5% del PIB solo preocupaba a los economistas más previsores, que se adelantaban al cambio del ciclo económico y advertían que en poco tiempo ese rojo en las cuentas públicas iba a complicarle la vida al gobierno. Hoy Uruguay se adentra en ese escenario en el cual el gasto público que no alcanza a ser cubierto con los ingresos del Estado se convierte en una mochila cada vez más pesada. El contexto internacional –y algunos desequilibrios y problemas locales– aumentan el costo de mantener esos excesos y hace que el déficit limite las posibilidades del gobierno para adoptar una posición más activa frente a la desaceleración económica.

De ese modo, la consigna electoral del "vamos bien", que subestimaba los riesgos del nuevo escenario externo y rechazaba toda idea de ajuste, se convirtió en un lastre para la política económica contracíclica, que hoy debe encarar la difícil tarea de corregir el rumbo de la política fiscal sin por eso comprometer el magro crecimiento económico, teniendo que lidiar además con los reclamos de gremiales y sindicatos.

La negación durante la campaña de la necesidad de un acomodo de las finanzas públicas y el discurso histórico de la izquierda en contra de las prácticas ortodoxas de ajuste fiscal, dificultan la adecuación al nuevo escenario porque aumentan el costo político vinculado a la adopción de medidas impopulares, contrarias a los postulados con los que el Frente Amplio obtuvo su tercera administración. Lejos de preparar a la opinión pública para un necesario acomodo de las finanzas del

Estado, el gobierno se mantuvo en el poder en base a promesas de aumento del gasto en diversas áreas –educación, innovación, salud e infraestructura, entre otras– y el compromiso de no aumentar impuestos, que hoy parecen difíciles de mantener.

Si bien el equipo económico ha confrontado la visión de los economistas privados sobre la necesidad de un ajuste, los hechos no lo muestran tan alejado de esa visión. El Presupuesto Quinquenal implica un cierto acomodo, con el objetivo de reducir el déficit en un punto porcentual a 2,5% del PIB al cabo de la administración –aunque un creciente número de expertos llama la atención sobre la insuficiencia de ese esfuerzo–.

Si bien el gobierno evita hablar de "ajuste fiscal" y rechaza la idea de recortar el gasto público o de aumentar los impuestos a la población, ha adoptado en los últimos meses una serie de medidas que conducen en la misma dirección, tienen el mismo efecto sobre la población, pero le dan cierto margen al gobierno para mantener su retórica contraria a la ortodoxia fiscal.

En esa batalla a media voz contra el desequilibrio fiscal, las autoridades optaron por las empresas públicas como su principal estandarte. Va de la mano con la concepción que hizo explícita en más de una oportunidad el ministro de Economía, Danilo Astori, que entiende los entes estatales como un instrumento más de la política pública, atado al cumplimiento de los objetivos de turno que trace la administración y subordinando a su cumplimiento las finanzas de los entes y el precio de los servicios públicos.

Es en ese marco que se entiende una suba de tarifas superior a lo que se desprende de las necesidades de los entes. Los efectos sobre el bolsillo de los uruguayos y la competitividad de las empresas son los mismos que una suba de impuestos–lo que no libra al gobierno del costo político a pagar–. También lo es sobre las finanzas públicas, pero su asociación con un ajuste fiscal propio de la década de 1990 no es tan inmediata, lo que tranquiliza a los grupos de izquierda más radical y les facilita rendirle cuentas a su electorado.

Lo mismo sucede con la decisión adoptada en los últimos días de 2015 de echar mano a un artículo perdido en la reforma tributaria que facultaba al gobierno a negarle a las empresas la posibilidad de descontar del pago de IRAE el ajuste por inflación de su patrimonio. Esa decisión tiene el efecto de un incremento de impuestos que afecta a muchas empresas y favorece a pocas, sin un criterio claro de beneficio social que diferencie a unas de otras y sin una evaluación posible sobre el impacto final que tendrá la medida. Pero se trata de un aumento de impuestos que no atenta contra la literalidad de la promesa electoral de no generar nuevos tributos ni aumentar las alícuotas de los actuales, y eso desde el balance del gobierno parece primar.

En definitiva, la preocupación del equipo económico sobre las finanzas públicas está fundamentada y sea a través de las tarifas públicas como de un recorte del gasto o un aumento de impuestos, está en línea con el actual escenario económico. Es un ajuste tardío, pero no por eso injustificado.

La reducción del déficit fiscal será uno de los principales temas que desvelará a las autoridades económicas este año. Sin embargo, es seguro que el gobierno y sus técnicos destinarán una parte no menor de su esfuerzo en encontrar mecanismos que busquen reducir el costo político del ajuste. La creatividad, tanto en la elaboración de las medidas de política, como en la retórica que las justifique, estarán a la orden del día. El objetivo es que el ajuste de izquierda se parezca lo menos posible a un ajuste.