Economía y Empresas > TRANSPARENCIA FISCAL
Expertos sin consenso sobre las nuevas exigencias tributarias
Algunos consideran que Uruguay avanza demasiado rápido
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22 de julio de 2016 a las 05:00
La celeridad con que el Poder Ejecutivo impulsa una serie de medidas que apuntan a la transparencia financiera y tributaria genera cierta inquietud en algunos estudios y consultoras que asesoran a empresas privadas, en particular el último proyecto de ley que eleva la carga impositiva sobre las sociedades offshore con actividades en paraísos fiscales. De todas formas, otros expertos también reconocen que "la tendencia" que están imponiendo los países desarrollados de la OCDE apuntan al fin de "la opacidad".
El socio y asesor tributario de BDO, Fernando Muxí, dijo ayer a El Observador que si bien no realizó un análisis profundo del proyecto de ley que envió el Ejecutivo la semana pasada al Parlamento para la flexibilización del secreto bancario y castigar el funcionamiento de las sociedades offshore de residentes uruguayos en países con reducida tributación, consideró que Uruguay debería tener una actitud de "mayor cautela" a la hora de introducir esos cambios para ver "hasta qué punto es conveniente. No nos sentamos en la cabina de comando (de un barco) cuando deberíamos ir en el pescante", consideró.
En la misma línea, la tributarista Eliana Sartori, de PwC, señaló que quizás Uruguay "está tomando un ritmo un poco más acelerado de lo conveniente" en su proceso de apertura y transparencia financiera, aunque también reconoció que "todos los países desarrollados y la OCDE" están empujando fuerte para avanzar hacia esa tendencia.
Para Muxí, los cambios que está impulsando el gobierno tiende a "demonizar" el uso de las sociedades offshore, "un instrumento jurídico que viabiliza y agiliza las inversiones". Por otro lado, el experto consideró como un error encarecer el costo de las sociedades anónimas extranjeras solo por el hecho de que estén radicadas en otro país, lo que atenta contra el principio de "igualdad". "A veces esos mensajes puede ser negativos para la inversión", advirtió.
La socia y experta tributaria de Ernst & Young, Martha Roca, consideró que la primera parte del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo referida al secreto bancario y la derogación del secreto bancario "se veía venir" desde el momento en que Uruguay asumió ante la OCDE que en setiembre de 2018 iba a permitir el intercambio automático de información tributaria. Lo mismo sucede con la identificación del beneficiario final de los titulares de las sociedades anónimas, aunque consideró que quizás con la información de los residentes uruguayos eso "se podría dilatar".
No obstante, Roca comentó que el segundo capítulo referido a las normas tributarias y los precios de transferencia de las sociedades que la OCDE comenzó a impulsar alineada a la sugerencia de la BEPS (Base Erosion and Profit Shifting –que en español significa la erosión de la base imponible y traslado de beneficios–), Uruguay "no tendría la necesidad de actuar tan rápido" porque esto en parte se aceleró como una "reacción" a la información surgida de los Panamá Papers. "En esto estamos un poco como abanderados cuando podríamos haber diferido un poco esas normas", sugirió.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó ayer a El Observador que la iniciativa del gobierno propone un incremento de impuestos de las sociedades offshore que operan con paraísos fiscales. Por ejemplo, se pretende llevar el Impuesto al Patrimonio de una tasa de 1,5% al 3%.
Según comentó Sartori, de PwC, los últimos cambios que promueve el gobierno no generaron "mayores reacciones" en su cartera de clientes. Pero sí apreció mayor inquietud respecto a la modificación incluida en la Rendición de Cuentas, que pasará a considerar las utilidades y dividendos no distribuidos generados con una antigüedad superior a tres períodos como repartidas, para tributar con una tasa del 7%.
"Lo que hace Uruguay es alinearse a determinados estándares que en el mundo desarrollado hace tiempo se están discutiendo. El fin de la opacidad por parte de las administraciones tributarias iba a llegar más tarde o más temprano", aseguró la experta.
En junio de este año, Uruguay suscribió en París la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales de la OCDE, una herramienta fundamental del esquema de cooperación internacional en materia tributaria. Según Satori, eso llevaba a que en 2016 y 2017 se esperaran cambios legislativos para poder cumplir con ese compromiso asumido.
En la misma línea, el gerente tributario del estudio Ferrere, Fabian Birnbaum, dijo que lo que Uruguay implementa "está alineado con lo del resto de los países y tiene como fuente el Common Reporting Standard de la OCDE. Actualmente más de 100 países se comprometieron a implementar esto, por lo que Uruguay no va imponer reglas diferentes frente a la mayoría de los países; estos estándares son internacionales", recordó.
Asimismo , advirtió que el costo de no cooperar y no adaptarse a estas normas impuestas por la OCDE "puede ser considerable e importante para un país que depende de la inversión extranjera". Consultado sobre los tiempos de implementación, indicó que "es una decisión política-económica, sobre si conviene esperar para ver cómo se suceden los hechos o tener una actitud proactiva frente a los cambios que se avecinan en materia de tributación internacional".
De cualquier manera, apuntó que entre 2017 y 2018 todos los países se comprometieron a intercambiar información. "La cuestión tributaria dejó de ser un asunto enteramente de soberanía nacional bajo el cual cada país podía decidir en forma autónoma sus propias decisiones tributarias sin tener en cuenta asuntos extraterritoriales", culminó Birnbaum.
El socio y asesor tributario de BDO, Fernando Muxí, dijo ayer a El Observador que si bien no realizó un análisis profundo del proyecto de ley que envió el Ejecutivo la semana pasada al Parlamento para la flexibilización del secreto bancario y castigar el funcionamiento de las sociedades offshore de residentes uruguayos en países con reducida tributación, consideró que Uruguay debería tener una actitud de "mayor cautela" a la hora de introducir esos cambios para ver "hasta qué punto es conveniente. No nos sentamos en la cabina de comando (de un barco) cuando deberíamos ir en el pescante", consideró.
En la misma línea, la tributarista Eliana Sartori, de PwC, señaló que quizás Uruguay "está tomando un ritmo un poco más acelerado de lo conveniente" en su proceso de apertura y transparencia financiera, aunque también reconoció que "todos los países desarrollados y la OCDE" están empujando fuerte para avanzar hacia esa tendencia.
Para Muxí, los cambios que está impulsando el gobierno tiende a "demonizar" el uso de las sociedades offshore, "un instrumento jurídico que viabiliza y agiliza las inversiones". Por otro lado, el experto consideró como un error encarecer el costo de las sociedades anónimas extranjeras solo por el hecho de que estén radicadas en otro país, lo que atenta contra el principio de "igualdad". "A veces esos mensajes puede ser negativos para la inversión", advirtió.
Sin sorpresas
La socia y experta tributaria de Ernst & Young, Martha Roca, consideró que la primera parte del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo referida al secreto bancario y la derogación del secreto bancario "se veía venir" desde el momento en que Uruguay asumió ante la OCDE que en setiembre de 2018 iba a permitir el intercambio automático de información tributaria. Lo mismo sucede con la identificación del beneficiario final de los titulares de las sociedades anónimas, aunque consideró que quizás con la información de los residentes uruguayos eso "se podría dilatar".
No obstante, Roca comentó que el segundo capítulo referido a las normas tributarias y los precios de transferencia de las sociedades que la OCDE comenzó a impulsar alineada a la sugerencia de la BEPS (Base Erosion and Profit Shifting –que en español significa la erosión de la base imponible y traslado de beneficios–), Uruguay "no tendría la necesidad de actuar tan rápido" porque esto en parte se aceleró como una "reacción" a la información surgida de los Panamá Papers. "En esto estamos un poco como abanderados cuando podríamos haber diferido un poco esas normas", sugirió.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó ayer a El Observador que la iniciativa del gobierno propone un incremento de impuestos de las sociedades offshore que operan con paraísos fiscales. Por ejemplo, se pretende llevar el Impuesto al Patrimonio de una tasa de 1,5% al 3%.
Según comentó Sartori, de PwC, los últimos cambios que promueve el gobierno no generaron "mayores reacciones" en su cartera de clientes. Pero sí apreció mayor inquietud respecto a la modificación incluida en la Rendición de Cuentas, que pasará a considerar las utilidades y dividendos no distribuidos generados con una antigüedad superior a tres períodos como repartidas, para tributar con una tasa del 7%.
"Lo que hace Uruguay es alinearse a determinados estándares que en el mundo desarrollado hace tiempo se están discutiendo. El fin de la opacidad por parte de las administraciones tributarias iba a llegar más tarde o más temprano", aseguró la experta.
En junio de este año, Uruguay suscribió en París la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales de la OCDE, una herramienta fundamental del esquema de cooperación internacional en materia tributaria. Según Satori, eso llevaba a que en 2016 y 2017 se esperaran cambios legislativos para poder cumplir con ese compromiso asumido.
En la misma línea, el gerente tributario del estudio Ferrere, Fabian Birnbaum, dijo que lo que Uruguay implementa "está alineado con lo del resto de los países y tiene como fuente el Common Reporting Standard de la OCDE. Actualmente más de 100 países se comprometieron a implementar esto, por lo que Uruguay no va imponer reglas diferentes frente a la mayoría de los países; estos estándares son internacionales", recordó.
Asimismo , advirtió que el costo de no cooperar y no adaptarse a estas normas impuestas por la OCDE "puede ser considerable e importante para un país que depende de la inversión extranjera". Consultado sobre los tiempos de implementación, indicó que "es una decisión política-económica, sobre si conviene esperar para ver cómo se suceden los hechos o tener una actitud proactiva frente a los cambios que se avecinan en materia de tributación internacional".
De cualquier manera, apuntó que entre 2017 y 2018 todos los países se comprometieron a intercambiar información. "La cuestión tributaria dejó de ser un asunto enteramente de soberanía nacional bajo el cual cada país podía decidir en forma autónoma sus propias decisiones tributarias sin tener en cuenta asuntos extraterritoriales", culminó Birnbaum.
