Expertos ven inconstitucionalidad en proyecto de regulación de Uber

Luego de que una comisión estudiara por varios meses cómo regular las aplicaciones tecnológicas como Uber, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el que los prestadores de esos servicios que no cumplan con los requisitos de permisos o aportes legales podrían ser sancionados mediante la imposibilidad de realizar transacciones bancarias, entre otras cosas.

Sin embargo, abogados consultados por El Observador aseguraron que esa forma de sanción podría ser inconstitucional si se establece por vía administrativa sin la intervención de la Justicia. También advirtieron que la iniciativa deja varios aspectos sin resolver.

Adrián Gutiérrez, abogado experto en derecho administrativo y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, dijo que si bien es claro que a través del proyecto se pretende establecer una sanción que se cumpla de forma efectiva, de aprobarse esa normativa "se pueden ver vulnerados algunos principios y derechos, como el de la tutela jurisdiccional". Es decir, que por este motivo "puede ser cuestionada en su constitucionalidad", además de "porque no se prevé la defensa previa a la aplicación de la sanción en vía administrativa".

Esto sería porque se da potestades al Banco Central del Uruguay para "instruir a las instituciones sujetas a su control que impidan preventivamente las transferencias de fondos así como cualquier otra operación, desde y hacia las cuentas de las personas físicas y jurídicas incumplidoras" y luego de eso se comunica a la Justicia para que resuelva si la medida debe permanecer o no.

Según Gutiérrez, se trata de "una sanción gravísima para ser administrativa" y debería ser un juez el que determine desde un principio si corresponde la sanción y no una vez que ya se paralizaron las transacciones de la empresa. Según Gutiérrez, se trata de "una sanción gravísima para ser administrativa" y debería ser un juez el que determine desde un principio si corresponde la sanción y no una vez que ya se paralizaron las transacciones de la empresa.

En esa misma línea se pronunció el abogado experto en derecho administrativo y constitucional Diego Gamarra, del estudio Posadas, Posadas & Vecino, quien afirmó que "sin juez no podría establecerse una sanción tan severa". Dijo que la multa "además de ser desproporcionada también es inconstitucional porque se sanciona directamente en vía administrativa".

Gamarra cuestionó además que se de un plazo de tres días hábiles a la Justicia para determinar si la sanción permanece o no, lo que considera, por ser demasiado breve, que es un "procedimiento carente de garantías". Así, "la participación del Poder Judicial se establece pero para cumplir una formalidad y tratar de salvar un vicio que en realidad no logra salvar", agregó. Para Gamarra se estaría violando entonces el derecho al debido proceso, donde además la persona pueda presentar sus descargos.

Gutiérrez, en tanto, recordó que un caso similar se dio años atrás cuando una ley habilitaba a la Dirección General Impositiva a clausurar directamente a empresas sin previa orden judicial, norma que luego fue modificada.

Por su parte, el abogado laboralista Gustavo Gauthier, socio del estudio Brum Costa, dijo que en función del proyecto de ley elaborado por el gobierno "Uruguay está perdiendo la posibilidad de regular bien, en serio, un fenómeno nuevo". El experto, que junto a otros abogados está trabajando en la redacción de un trabajo académico sobre aplicaciones de economía colaborativa como Uber o Airbnb, indicó que la iniciativa "va por el lado de encorsetar" esas actividades pero "deja muchos flancos abiertos", como por ejemplo, qué normativa regula la actividad en el caso de Uber ya que define con claridad ese servicio. "Se corre el riesgo de quedar en ridículo con una regulación que deja muchos puntos débiles", advirtió.

Desde su especialidad del derecho laboral, Gauthier dijo que el proyecto "se lava las manos" porque remite a las disposiciones laborales genéricas pero jurídicamente existen dudas sobre si esas normas son aplicables a los choferes de Uber.

En tal sentido, Gauthier señaló que en San Francisco, donde surgió Uber, la Justicia está en estos momentos emitiendo fallos que reconocen la calidad de trabajadores de los conductores, cosa que los habilita a iniciar reclamos contra la empresa.

Según Gamarra, otro punto discutible es el artículo 7º del proyecto de ley que establece que los órganos competentes podrán "disponer de la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimientos de las medidas que dicten".

Para el abogado, eso es contrario a la separación de poderes, ya que se pasa por encima del Poder Judicial, y viola también el derecho al debido proceso.

Gamarra cuestionó además el alcance del proyecto, que a su entender no se expone con claridad. "El proyecto es bastante problemático, primero porque no define bien la actividad y el alcance", dijo y explicó que "o es en buena medida trivial" porque se aplica a las normativas de la actividad a quienes la realicen a través de medios informáticos "en cuyo caso es lo que pasa naturalmente"; o se entiende que lo que ocurre hay "una especie de extensión de normas restrictivas que son las que se exigen para regular una actividad de fondo que es distinta que la que realiza el prestador de servicio de intermediación".