Fiestas privadas y boliches suman denuncias por ruido en La Pedrera

Vecinos responsabilizan a boliches pero la intendencia asegura que controla y culpa a encuentros en casas
Las fiestas privadas, más conocidas como "las casitas", fueron la cruz con la que Maldonado cargó durante varios veranos, pero con un duro cambio de normativa, que permitió cuadruplicar las multas que llegan hasta los $ 70 mil, las denuncias bajaron. Pese a eso, este hecho lejos está de ser el fin de este fenómeno juvenil. Por el contrario, la popularidad de las fiestas privadas continúa este verano; solo que ahora los decibeles altos se concentran en Rocha, particularmente a La Pedrera, donde llueven las denuncias.

Consultado por El Observador, el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, dijo que en lo que va de la temporada se han registrado "cientos" de denuncias por ruidos molestos y aseguró que la mayoría provienen de fiestas en casas particulares. Agregó que en esos casos la comuna ya aplicó multas y lo seguirá haciendo. Según el portal de noticias La Paloma Hoy, en dos días se recibieron 130 denuncias.

"Las mayores actuaciones y multas que hemos tenido hasta ahora son en casas privadas. Hasta ahora son la mayor cantidad de denuncias que saturan los teléfonos", señaló Pereyra. El intendente dijo que cada noche los teléfonos de los inspectores no paran de sonar con estos reclamos y que incluso él mismo recibió mensajes de vecinos en la madrugada denunciando ese tipo de situaciones.

El jerarca dijo que la intendencia duplicó sus esfuerzos en lo que respecta a seguridad pública y ruidos molestos, y puso a disposición a siete inspectores que actúan durante la noche en compañía de 20 efectivos policiales. De igual modo, Pereyra manifestó que "esto no quiere decir que se resuelva definitivamente el problema".

El jerarca responsabilizó de esto a los propios vecinos que realizan las denuncias a la intendencia, ya que al mismo tiempo son los que alquilan sus propiedades a jóvenes a un costo de US$ 300 o US$ 400, dijo.

El dilema de los boliches

Los vecinos tienen una visión distinta a la del intendente sobre las causas de los ruidos molestos. Para un grupo de ellos, la responsabilidad no proviene principalmente de las fiestas privadas, sino de los boliches ubicados sobre la calle principal que, aseguran, son ilegales porque no respetan la normativa departamental.

Según esa normativa, los restopubs pueden tener música en vivo pero no baile y la diferencia sustancial entre unos y otros está en el volumen de la música.

El intendente aseguró que los cinco locales que funcionan durante la madrugada cumplen con los niveles de sonido. Sin embargo, los vecinos aseguran que funcionan como boliches bailables y la intendencia no los clausura, por lo que incurre en desacato.

A comienzos del año pasado, la intendencia y una organización de vecinos firmaron un acuerdo por el cual la comuna se comprometía a clausurar cualquier local que incumpliera la normativa. Ese acuerdo fue homologado ante la Justicia.

En febrero, los boliches volvieron a funcionar por la celebración de carnaval, por lo que los vecinos denunciaron penalmente a la comuna y a los dueños de los boliches por desacato del acuerdo, que tiene valor de fallo judicial.

La fiscal del caso convocó a todas las partes y pidió citar como indagado al intendente Pereyra a una audiencia en el juzgado que tendrá lugar el 3 de marzo próximo a la hora 14.

Al respecto, Pereyra dijo: "Yo quiero ir ahora (a declarar) porque me tiene cansado esto; hay definición de normativa y la normativa siempre todo el mundo la quiere cinchar para un lado y para el otro".

"Los boliches están actuando en forma" y son controlados, aseguró, en tanto agregó que la intendencia está registrando en filmaciones y documentos todos los operativos para presentarlos ante la Justicia como prueba.

"En los boliches hay un control. El mayor ruido es en la calle y en las casas. Hay boliches que el 2 de enero hubo que ajustar a la normativa y se ajustaron en cuanto a lo que es un restopub", insistió.
Por otra parte, el abogado de los vecinos, Pablo Correa, dijo a El Observador que estos están reuniendo pruebas adicionales por nuevos incumplimientos para ampliar la denuncia penal presentada en febrero de 2016.

El abogado explicó que los vecinos no pretenden la clausura de los locales de La Pedrera, sino su realojo en una zona más apartada del balneario. Por ejemplo, en un terreno ubicado del otro lado de la ruta 10. Pero Pereyra fue categórico en que el realojo no es necesario porque "los locales no son boliches".

Los decibeles permitidos según la ordenanza

La ordenanza municipal de Rocha dispone que desde las 22 horas y hasta la hora 9 el ruido emitido por las casas particulares no puede superar los 39 decibles, en tanto para los restopubs la norma establece que entre las 2 y las 6 de la madrugada no puede superar los 45 decibeles.

La Intendencia de Rocha controla desde el 2 de enero que se respete la norma sobre ruidos molestos y habilitó un celular para denuncias, el 098 552 540. Las multas que imponen las autoridades las paga el propietario de la vivienda, no el inquilino.

Desde 2004, Uruguay tiene una ley que regula la contaminación acústica (ley Nº 17.852), y la define como "la presencia en el ambiente de ruidos, cualquiera sea la fuente que los origine, cuyos niveles superen los límites que establezca la reglamentación". Sin embargo, hasta ahora esa ley no se reglamentó. De acuerdo con el texto aprobado, las autoridades departamentales son las que establecen la zonificación acústica de las áreas sujetas a su jurisdicción, otorgan permisos a las actividades emisoras de sonidos y aplican las sanciones a los infractores.

Dos megafiestas privadas en la mira

La Intendencia de Maldonado y la Dinama evalúan aplicar sanciones e incluso denuncia penal por desacato a los organizadores de dos megafiestas privadas. En el primer caso se trató de una fiesta no autorizada a la que asistieron 6.000 personas el 31 de diciembre, en la zona norte de La Barra. En el otro caso, técnicos de la Dinama dijeron a El Observador que evalúan aplicar sanciones por la megafiesta que se llevó a cabo el 6 de enero en el balneario Buenos Aires, ya que los organizadores habían sido intimados a suspender la actividad por el impacto ambiental sobre las dunas.

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