Figueredo pretende ofrecer propiedades a cambio de prisión domiciliaria

El objetivo del exdirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la FIFA, que fue procesado con prisión por estafa y lavado de activos el pasado 24 de diciembre tras ser extraditado desde Suiza, es rubricar un acuerdo de colaboración con el fiscal en el transcurso de esta semana.

En junio de 2015, antes de que se consumara su extradición, a pedido del fiscal Gómez la jueza Adriana de los Santos embargó a Figueredo nueve propiedades

–cuatro ubicadas en Punta del Este y cinco en Montevideo– valuadas en unos US$ 5 millones, que están a nombre suyo, de su esposa o de sociedades anónimas que controlan.

La investigación apunta ahora a seguir la ruta del dinero generados por Figueredo producto de las coimas en la Conmebol y detectar quiénes son los beneficiarios de esos montos. En la lista de sospechosos figuran familiares, socios y supuestos testaferros. En medio de este rastreo, Figueredo prevé ofrecer otros bienes al fiscal en el marco de un acuerdo de colaboración pero manteniendo una propiedad en la que cumplir la prisión domiciliaria.

En caso de que el acuerdo se termine de cerrar, las propiedades ofrecidos por Figueredo pasarán al Fondo de Bienes Decomisados que depende de la Junta Nacional de Drogas, que administra las incautaciones y que en los últimos cinco años recibió US$ 3,5 millones.

La propuesta que evalúa Figueredo puede representar una vía más rápida de lograr la prisión domiciliaria, que le podría corresponder por edad (tiene 83 años), y al Estado le facilitaría recuperar una cifra millonaria en dólares en bienes que el exdirigente adquirió con dinero que obtuvo ilegalmente.

El acuerdo entre Figueredo y Gómez se firmaría en función de lo que prevé el artículo 6º de la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (18.494) vigente desde junio de 2009.

Esa norma habilita a los fiscales especializados en crimen organizados a reducir la pena hasta la mitad del mínimo o del máximo o incluso no acusar a indagados que aporten información para ubicar a otros implicados o datos para "recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos". En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores", especifica la ley 18.494.

No caerá solo

Al declarar el 24 de diciembre, antes de ser procesado con prisión por estafa y lavado de activos, Figueredo dijo que si bien no se considera un "buchón", está dispuesto a "no caer solo" y por esa razón consideró que "en algún momento hay que empezar a decir la verdad" sobre la maniobra derivada de coimas pagadas por empresas vinculadas a la emisión de los partidos de los torneos organizados por la Conmebol, informó el jueves Búsqueda.

El exvicepresidente de la Conmebol dijo que el expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, recibió

US$ 400 mil de la empresa Full Play por la firma de contratos de derechos de televisación de torneos de la Conmebol. Esa firma es propiedad de los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, quienes fueron imputados en la causa internacional por corrupción en la FIFA en curso en la Justicia de Estados Unidos.

También indicó que los proyectos inmobiliarios con los que blanqueó los fondos ilegales eran gestionados por la constructora Weiss Sztryk Weiss (WSW) a la que en varias oportunidades realizó giros mediante el cambio Aspen. Los socios de WSW contrataron como abogado al catedrático penalista Gonzalo Fernández.