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Firmas para sacar a Maduro
El anuncio opositor de que ya se ha reunido la mitad de los cuatro millones de firmas necesarias para convocar a un referendo revocatorio sobre la continuidad de Nicolás Maduro parece poner más cerca el fin del régimen chavista que ha hundido a Venezuela en sus 17 años en el poder. Henrique Capriles, líder de la oposición unificada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), anticipó que en pocos días más confía llegar al total requerido para realizar una consulta popular que desaloje de la Presidencia a Maduro antes del fin de su período en 2019, a menos que el mandatario opte por renunciar. Facilitará la recolección de firmas la denuncia del respetado organismo no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) de desmanes masivos del chavismo en los últimos nueve meses.
El informe de HRW detalló que desde julio del año pasado hubo ejecuciones clandestinas, masivas detenciones arbitrarias, destrucción de viviendas y desmantelamiento total de barrios enteros en Caracas y en cinco estados del país. Pero el eje de una crisis que se precipita día a día está en la confrontación del Poder Legislativo por un lado y el Ejecutivo y su servil sistema judicial por otro. La unicameral Asamblea Nacional, dominada por el MUD luego de su arrollador triunfo en elecciones legislativas hace seis meses, ha aprobado leyes que Maduro y su obediente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se empeñan en desconocer. La más reciente reformaba el estatuto del Banco Central, para evitar que Maduro nombre directamente a sus directores. Pero el TSJ la declaró inconstitucional, sin otro argumento que hacerle el gusto al presidente.
El Parlamento había aprobado antes una ley de amnistía para liberar a 76 presos políticos, incluyendo a Leopoldo López y otros conspicuos dirigentes opositores. Maduro anunció públicamente que “la ley no pasa”. Puede vetarla, lo que la devolvería a la Asamblea Nacional para una segura ratificación o, más probablemente, ordene a los ministros del TSJ que también la declaren inconstitucional con cualquier pretexto. El régimen chavista utiliza al obediente máximo tribunal, que Maduro integró con 13 jueces amigos a fin del año pasado, como fachada jurídica para imponer sus decisiones. Pero enfrentado al mayoritario rechazo del empobrecido pueblo venezolano, su principal sustento para seguir en el poder radica en las fuerzas de seguridad, que reprimen impunemente a la población, y en las Fuerzas Armadas.
Su respaldo principal es el general Vladimir Padrino López, que comanda la estructura militar y cuya autoridad se extiende a otros cuerpos de seguridad. Padrino López es la tercera figura más importante del régimen chavista, detrás de Maduro y del expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Como ya ha ocurrido, las fuerzas militares son un instrumento al que Maduro echa mano cuando reprime las constantes manifestaciones callejeras de muchedumbres opositoras en todos los rincones del país. Pero hay un límite a la tolerancia de un pueblo abrumado por privaciones de todo tipo, incluyendo alimentos básicos y otros artículos esenciales para la subsistencia, y por la mayor inseguridad pública del continente. El estado de derecho, agonizante durante la presidencia de Hugo Chávez, ha terminado de morir bajo el abierto absolutismo de Maduro. Solo el fin del chavismo, cada vez más cerca, podrá resucitarlo.
