Fiscal de Corte reclama política para indagar casos de DD.HH

Díaz lamentó "resistencia" de algunos tribunales a aplicar la sentencia internacional del caso Gelman

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que "no puede ser" que el Estado no tenga una política criminal clara y definida para llevar a cabo las investigaciones judiciales por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).

"Si hay un tema en el cual existe la necesidad de una política pública de persecución y donde el Estado tenga una institución especializada y al mismo tiempo una política criminal clara, es este", expresó ayer el máximo jerarca del Ministerio Público en el cierre de un taller sobre técnicas de investigación de delitos del período de facto para fiscales y policías que fue organizado por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.

Díaz dijo que las defensas de los militares indagados o imputados "sí tienen una estrategia definida" y señaló que esa situación la constata cuando tiene que pronunciarse sobre recursos de nulidad o prescripción que promueven los abogados. "Todas las defensas tienen una estrategia común y no puede ser que el Estado no la tenga", dijo el fiscal de Corte en la exposición que realizó en el cierre del taller.

El titular de la Fiscalía General de la Nación destacó que Uruguay ratificó en 1985 el Pacto de San José de Costa Rica y también se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la que "debe cumplir con los fallos que ese órgano dicta" en alusión a la desaparición de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, en 1976, caso por el que el Estado uruguayo fue condenado a comienzos de 2011.

Luego, en rueda de prensa, Díaz sostuvo que la legislación uruguaya es "adecuada" para llevar a cabo de las investigaciones de los crímenes de la dictadura aunque señaló que durante "muchísimo tiempo" los fiscales se vieron impedidos de actuar por el efecto de la ley de Caducidad. A su vez, lamentó la "resistencia" de "algunos tribunales" a aplicar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que exigió a Uruguay aclarar ese hecho y todos los delitos del período de facto.

Por su parte, durante su intervención en el cierre del taller, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, destacó el trabajo realizado en Argentina para investigar los crímenes de la represión en ese país "no bien recuperada la democracia". En el caso de Uruguay, "el pasado reciente sigue siendo reciente en términos históricos, pero a nivel humano ya ha pasado un buen tiempo", dijo Bonomi.

Del taller sobre técnicas de investigación de delitos de la dictadura participó la abogada argentina Nuria Piñol, integrante de la Fiscalía de Derechos Humanos de ese país y el historiador Álvaro Rico, quien documentó la investigación sobre desaparecidos en Uruguay.


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