Fish and Chips

En medio del sopor vacacional, muchas personas vigilan de reojo la pizarra de tarifas, tasas e impuestos, que siempre trepan en enero a velocidad del rayo. Ya se sabe que lo único seguro en la vida son la muerte y los impuestos.

Este año el fuego lo abrieron, como casi siempre, las tarifas de las empresas del Estado, desde la telefonía y la electricidad hasta los combustibles. Esos servicios y bienes aumentaron más o menos en línea con la inflación anual, aunque con independencia de sus costos. El Estado planea recaudar más para achicar sus déficits, y reforzarlas finanzas de la petrolera ANCAP, que estuvo malherida.

Una política monetaria más estricta y un dólar barato redujeron la inflación de 2016, que en un momento estuvo en dos dígitos, a poco más de 8%, el registro más bajo desde 2012; en tanto los salarios crecieron en promedio casi 11%.

Los consumidores se beneficiarán con una reducción de cuatro puntos porcentuales del IVA, en vez de los dos puntos de 2016, para compras con tarjetas de débito y dinero electrónico. Es un nuevo refuerzo del plan de "inclusión financiera" o bancarización de la mayor parte de las transacciones.

El 1º de enero también comenzaron a regir aumentos en los impuestos a los salarios y pasividades más elevadas (IRPF e IASS), entre otros, y una reducción de gastos del Estado. Este "ajuste fiscal" (término utilizado por la izquierda en la oposición que ahora prefiere hablar de "consolidación fiscal") busca reducir el agujero en las cuentas públicas, que ronda el 3,5% del PIB, una cifra respetable. El déficit fiscal, que se tornó cada vez más grande a partir de 2012, se ha financiado por la vía inflacionaria y con más deuda pública. A principios de 2016 las principales calificadoras de deuda habían dejado entrever que, si no hacía un ajuste, Uruguay perdería el "grado inversor" (investment grade). Eso significaría que el crédito que toma el país se volvería más caro.

Otro frente de batalla se abrió en Maldonado, la joya turística que disputan el Frente Amplio y el Partido Nacional, cuando la izquierda denunció aumentos de hasta 300% en la contribución inmobiliaria. El intendente nacionalista Enrique Antía respondió que el 88% de los padrones del departamento solo tuvieron un ajuste por inflación y que los mayores incrementos se dieron en viviendas y terrenos que estaban subvaluados.

Por estos días comienzan a escucharse quejas por la patente de rodados, que vence en dos semanas. En Uruguay, como en buena parte del mundo, las calles y carreteras están atestadas. En 10 años, entre 2005 y 2015, la cantidad de vehículos que circulan por Montevideo se duplicó: pasó de 257.240 a 535.463. El 40,2% de los hogares uruguayos poseía al menos un automóvil ya en 2014, según la Encuesta Continua de Hogares del INE, en tanto otro 34,6% tenía ciclomotores o motocicletas. En general la patente que se paga por los coches más nuevos guarda relación con su valor de mercado, aunque en ocasiones parecen sobrevaluados. ¿Se acuerdan de las periódicas guerras de las patentes, una competencia absurda que sin embargo mantenía las tasas bajas?

Aun más fuerte son los gritos de quienes reciben por correo las sanciones por exceso de velocidad o por saltearse un semáforo en rojo. Desde el 10 de diciembre la Intendencia de Montevideo notificó multas por más de US$ 1 millón por faltas que se detectaron en 30 puntos de la ciudad controlados con cámaras y radares. La técnica es nueva en el país (aunque vieja en el mundo) y los conductores aún no se habitúan al respeto absoluto de las normas, después de más de un siglo de permisividad y desorden. Un aparato electrónico hizo que el semáforo y la velocidad se volvieran asuntos objetivos e incuestionables, salvo mínimos resquicios, como una matrícula mal anotada para aplicar la multa y cosas así. Hay una revolución en marcha, pues somos hijos del rigor, aunque hace falta mucho más que semáforos inteligentes para acabar con el caos en el tránsito.

El Estado es implacable y relativamente eficiente para recaudar, aunque no tan bueno para prestar servicios. Harold Wilson, ex primer ministro laborista de Gran Bretaña, dijo cierta vez que el sector público sería incapaz de dirigir con probabilidades de éxito una tienda de fish and chips (comida rápida típica de pescado y papas fritas servidas en una hoja de diario), salvo que tenga el monopolio, claro está. Sin importar lo que recaude, la Intendencia de Montevideo está desfinanciada como siempre, al igual que casi todas las intendencias del país, y la capital uruguaya luce sucia y rota. Pero el aire decadente de Montevideo no es atribuible solo a las autoridades municipales, aunque estén en el primer lugar de la fila; la responsabilidad última por la desidia, la suciedad y el vandalismo es de sus pobladores.