La baja aprobación que recibió la gestión del gobierno en una reciente encuesta de Equipos Consultores es una advertencia sobre la necesidad de corregir debilidades con acciones transparentes y eficaces, antes que intentar disimularlas con propaganda oficial. Pueden tener algún efecto en materia de imagen los viajes del Consejo de Ministros al interior para mostrarse ante lugareños, el recurso presidencial a las cadenas por radio y televisión (que si son excesivas terminan por cansar y derrotar su propósito, como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner) u otras formas de autoelogio del sector público. Pero la credibilidad y el respaldo popular se sustentan por vías más reales y de impacto palpable en las condiciones de vida de la gente, como bajar la inflación, defender el empleo y proveer servicios a precios razonables en vez de utilizarlos como elemento de recaudación.
No son objetivos fáciles en una fuerza política que se ha acorralado a sí misma en una década continuada en el gobierno, marcada por un desaprensivo exceso de gasto público en épocas que permitían ahorrar para ponerse a cubierto de ciclos adversos y por costosas decisiones equivocadas. Ocurrió con la financiación del Fondes a cooperativas inviables, con el pésimo manejo amateur de la quiebra de Pluna y con las ineficiencias de gestión en ANCAP y otras empresas públicas. La administración Vázquez intenta tardíamente corregir males, cuando el agua llega al cuello. Golpeado por un revertido contexto externo desfavorable, que debió anticiparse pero no se hizo, el país se ve agobiado hoy por un déficit fiscal en aumento que se acerca al 4% del Producto Interno Bruto, una inflación superior al 10% y un creciente desempleo.
El gobierno se ha embarcado en un ajuste fiscal ineludible pero disimulado y por etapas. Primero se hizo a través de las tarifas de servicios públicos. Luego se anunció una política monetaria más restrictiva. Ahora se resisten las demandas del PIT-CNT por concesiones salariales que solo conducirían a mayor inflación y pérdida de puestos de trabajo. Pero no es suficiente. Pese a la rigidez estructural de gran parte del gasto público, el gobierno no puede eludir recortarlo en todo lo posible e imponer una política salarial realista. Aunque las medidas sean inicialmente impopulares, si se adoptan se reflejarán en poco tiempo en bajar la inflación y defender el empleo, los temas que más directamente impactan en la población. Pero si no lo hace, se acentuarán su baja aprobación popular del 35%, en declive, y el 34% de desaprobación.
Y aunque los resultados de la encuesta en apoyos electorales son obviamente prematuros, forma parte de la advertencia ciudadana que apenas un disminuido 32% de la gente se declare en estos momentos dispuesta a votar por el Frente Amplio, tres magros puntos por encima del Partido Nacional y bastante por debajo de un voto opositor que se unifique en un balotaje. En esas cifras incide el descrédito generado por los déficits de ANCAP y el caso de la licenciatura alegada por el vicepresidente Raúl Sendic, temas de incidencia todavía impredecible para cuando lleguen los tiempos electorales. Pero la luz amarilla hace tiempo que se encendió para el país y el gobierno. Está en sus manos evitar que se convierta en roja, si es capaz de mostrar eficacia, energía y transparencia donde han existido errores de todo pelo.
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