Futbolistas reclaman a Conmebol por dinero que perdieron de ganar

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) promoverá un reclamo contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para resarcir el perjuicio económico que sufrieron los deportistas que en los últimos años participaron en torneos internacionales organizados por esa entidad y que vieron reducidos sus ingresos debido a que las maniobras de corrupción vinculadas a los derechos de transmisión de los partidos evitaron que el pago a los clubes fuera superior.

El eje del reclamo es que los equipos que participaron de la copas Libertadores o Sudamericana cobran en función de los contratos de emisión de esos torneos. Y si los clubes percibieron menos, eso repercutió negativamente en los ingresos de los futbolistas, cuyos premios van asociados a los ingresos de las instituciones por televisación.

"Estamos convencidos de que tenemos que hacerlo y que los jugadores tienen razón. Es una tarea compleja porque hay que recabar mucha información", dijo a El Observador el abogado Ernesto Liotti, asesor de la MUFP, al informar sobre el reclamo a la Conmebol.

La gremial le pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el listado de todos los clubes locales y futbolistas que participaron en los torneos organizados por la Conmebol en los últimos cinco años.

Liotti aclaró que no será la MUFP la que realizará el reclamo sino que ofrecerá asistencia jurídica a sus asociados, ya que son estos los afectados. El juicio, en el que los asesores del gremio de futbolistas comenzarán a trabajar en pocos días, se iniciará en un juzgado civil de Uruguay, más allá de que la Conmebol tiene su sede en Paraguay.

La MUFP fue, a fines de 2013, junto a siete clubes –entre ellos Peñarol– denunciante de los hechos de corrupción en la Conmebol que derivó en el procesamiento con prisión por estafa y lavado de activos del exvicepresidente de esa entidad, Eugenio Figueredo, quien fue extraditado desde Suiza, donde estuvo detenido durante siete meses requerido por la causa de corrupción internacional en la FIFA que está tramitando la Justicia de Estados Unidos.

La denuncia planteó que una empresa propiedad de Francisco Casal (Global Sport) ofertó US$ 805 millones por los derechos televisivos de las ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2015 a 2020, pero que, llamativamente, ganó la empresa T&T Sports, que ofreció US$ 381 millones, es decir, US$ 424 millones menos.

Al momento de ratificar la denuncia, solo la MUFP cumplió con ese requisito ya que los clubes no lo hicieron bajo la amenaza de la Conmebol de ser sancionados

Al declarar ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos el 24 de diciembre de 2015 antes de ser procesado con prisión, Figueredo fue interrogado sobre si era consciente de que el manejo de los contratos de televisión de la Conmebol (en relación a los que hubo pago de coimas que el propio dirigente confesó) afectó a los clubes y a los futbolistas. El exdirigente contestó –según el acta de esa audiencia que publicó en enero el semanario Búsqueda–: "Estoy seguro que sí era en perjuicio de los jugadores y las asociaciones".

Figueredo admitió cobros indebidos de las empresas T&T Sports, Torneos y Competencias y Full Play, muchos de cuyos responsables están acusados en la causa por corrupción que está en curso en la Justicia de Estados Unidos.

El fiscal Juan Gómez, que imputó a Figueredo, concluyó que esos pagos buscaban "mantener el statu quo de una aviesa forma de corrupción" en la Conmebol. "De esa forma, entre otras cosas, se evitaba el llamado a oferentes y/o nuevos contratantes para la comercialización de los derechos de televisación de los distintos torneos organizados en el ámbito de la Confederación", indicó el fiscal en su dictamen.

En febrero, Figueredo firmó un acuerdo de colaboración con Gómez –que luego dejó la fiscalía especializada en crimen organizado y pasó a una sede penal ordinaria y fue reemplazado por María de los Ángeles Camiño– por el que aportó información sobre bienes valuados en US$ 10 millones adquiridos con fondos de origen ilícito.