La directora de la Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, dijo que se trata de una ley que "dignifica tanto a las mujeres como a los varones", y que abarca el problema tanto en el ámbito de doméstico como también en lo laboral, salud, callejero y patrimonial.
En ese sentido, Mazzotti explicó que el proyecto define lo que implica violencia de género y sus ámbitos de manifestación, pero también cuáles son los derechos que tienen las personas que se ven involucradas en una situación así.
También, recalcó que se trata de una ley integral, por lo que existe un "compromiso de gobierno" en definir un sistema de respuesta interinstitucional, que involucre a todos los organismos vinculados al tratarse de una "problemática social".
El proyecto también prevé la creación de un observatorio de violencia de género, en el cual evaluar los avances de la ley; y la especialización de juzgados en multimateria, no solo en civil y penal, que permitan unificar el proceso y así minimizar las posibilidades de revictimización de la mujer.
En lo que respecta a las penas, Mazzotti aclaró que el proyecto no implica el agravamiento de las penas previstas en el Código Penal para casos de feminicidio. Dijo que será considerado como un homicidio especialmente agravado pero con "características específicas".
Aun así, dijo que se proponen nuevas normas legales que sí van a implicar "incorporarlas al Código Penal, vinculadas al abuso sexual y feminicidio".
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