Gobierno controlará cada peso que transfiera a las intendencias

El Poder Ejecutivo afirmó que en el acuerdo presupuestal suscrito la semana pasada con el Congreso de Intendentes quedó plasmado un compromiso por el que los jefes comunales deberán justificar el uso de cada peso transferido desde el gobierno central a los departamentales y además exigirán que los intendencias demuestren la sostenibilidad financiera de cada administración.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo al finalizar la reunión semanal del Consejo de Ministros que durante este período se incorporará como compromiso de gestión obligaciones de información sobre aspectos presupuestales, financieros, de deuda y de sostenibilidad fiscal.

"Vamos a avanzar a favor de disponer en tiempo y forma de la información para que no se produzcan desviaciones importantes con respecto a lo propuesto por los propios gobiernos departamentales", dijo el jerarca.

Solo para caminería rural serán transferidos US$200 millones y además habrá dinero para los 112 municipios por un equivalente a 10% del Presupuesto Nacional de aquí a 2019.

El Observador consultó al intendente de Florida, Carlos Enciso, sobre el anuncio de OPP. El dirigente blanco calificó el control previsto como "una redundancia" porque, según dijo, en el Fondo de Desarrollo del Interior, las partidas del Ministerio de Transporte, o las del artículo 214 de la Constitución "todas las partidas van contra ejecución de obra con la certificación de un técnico" del gobierno central.

En la campaña municipal el oficialismo había reclamado que algunos gobiernos departamentales estaban atrasados en la ejecución de las partidas transferidas. En particular los dirigentes del Frente Amplio y jerarcas del gobierno le apuntaron a Cerro Largo, donde la izquierda pretendía posicionarse en un cabeza a cabeza con los blancos que en las urnas no fue tal.

Según un informe de OPP divulgado el 21 de abril de 2015 por Presidencia, a esa altura del año había seis intendencias que no alcanzaban la meta de 16,7 % de adelantos de ejecución en relación al presupuesto transferido en 2014 por el Fondo de Desarrollo del Interior. Eran Cerro Largo, San José, Florida, Treinta y Tres, Soriano y Salto, todas blancas a excepción de Salto, que estaba en manos coloradas. "Cerro Largo es un departamento que viene muy rezagado en ese tema, nuestra gente estuvo recorriendo las obras y se notan en algunas de ellas atrasos importantes", dijo García en ese entonces y abrió una polémica con el ahora intendente arachán, Sergio Botana.

En una conferencia de prensa convocada el 30 de junio, el ministro de Transporte, Victor Rossi, presentó un conjunto de informes donde dejó expuesto que en 2015 ocho comunas no ejecutaron ni un peso de las partidas entregadas a través de la recaudación del Impuesto al Patrimonio rural.

Las intendencias que hasta ese momento no habían ejecutado ni un peso del dinero que les llegó son Artigas (Frente Amplio), Cerro Largo (Partido Nacional), Colonia (Partido Nacional), Durazno (Partido Nacional), Lavalleja (Partido Nacional), Salto (Partido Colorado) y San José (Partido Nacional). La comuna de Florida (Partido Nacional) ejecutó 1%. En tanto, Flores (Partido Nacional) y Rocha (Frente Amplio) 2%.

Pero además de controlar el avance de obras, la OPP buscará monitorear los recursos financieros de cada gobierno departamental. "Nos parece muy importante que se incorpore la variable de la sostenibilidad fiscal que no siempre ha sido visualizado como un aspecto necesario y que ha generado tantos problemas", sostuvo ayer García.

El Poder Ejecutivo dobló ayer la apuesta tras el Consejo de Ministros cuando presentó el debate público sobre la forma en que se distribuye el dinero que el gobierno central entrega a las comunas.

El tema también había sido planteado en el último ciclo electoral como un aspecto a tratar en este Presupuesto, pero García reconoció falta de tiempo para su discusión política.

"Hemos coincido con los intendentes que es necesario revisarlo pero el período que tenemos para trabajar es muy corto y revisar los porcentajes de distribución es un tema que requiere su trabajo y su discusión política. Nos comprometemos en este gobierno a dar una discusión con tiempo para en el próximo periodo presupuestal tener una propuesta diferente, mas adecuada a la realidad porque esta distribución data de muchos años", dijo García.