Gobierno responsabilizó al Parlamento, Poder Judicial y Fiscalía General por ausencia en audiencias sobre DDHH

La cancillería dijo que es "potestad" de cada poder del Estado decidir si participa o no de las audiencias

Ante las críticas surgidas por la ausencia del gobierno de Uruguay en una audiencia del último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio de Relaciones Exteriores se defendió y responsabilizó al Parlamento, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la ausencia.

En un comunicado, la Cancillería explicó que para la audiencia "Operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos del proceso transicional en Uruguay" se remitió información por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese material fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

En esa notificación a la Comisión –según dice la cancillería– se aclaró que "no se participaría en forma presencial" en esa audiencia. Era la primera vez en la historia de la CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que Uruguay no concurría a una audiencia.

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Tampoco se envió representantes para la sesión que debatiría sobre Independencia judicial en Uruguay.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que "es potestad" de cada Poder del Estado participar en forma presencial o no en las audiencias y aclaró que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación "optaron presencialmente por no participar presencialmente en sus respectivas audiencias" y responder por escrito, una posibilidad prevista para las audiencias.

Aclaró que para la audiencia que involucraba al Poder Ejecutivo sobre "democratización de los medios de comunicación en Uruguay", el Ministerio de Industria y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones concurrieron.

Por su parte, la cancillería ratificó el "intacto compromiso" del país con la defensa de los Derechos Humanos y recalcó que "Uruguay apoya firmemente los mecanismos existentes en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impulsar la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano".

Críticas y cuestionamientos

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini criticó la decisión de la administración del presidente Tabaré Vázquez de no estar en la sesión realizada entre el 22 y 26 de mayo en Buenos Aires, donde organizaciones sociales tenían previsto cuestionar la falta de avances en las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

"Uruguay tiene cosas para decir respecto a avances y retrocesos en el esfuerzo por romper con la cultura de la impunidad", dijo Michelini al semanario Búsqueda.

El exlegislador frenteamplista encabeza el grupo de trabajo que formó Vázquez para trabajar en el tema de violaciones a los Derechos Humanos.

Otros militantes de izquierda cercanos al gobierno también cuestionaron la ausencia de representantes del gobierno.

Entre ellos está Milton Romani, exrepresentante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que expresó su opinión crítica al Poder Ejecutiva en una carta que publicó el lunes 29 de mayo en La Diaria.

"No se puede hacer política callando y aceptando decisiones erradas tomadas por los jerarcas. Hay que armarse de coraje y poder decir, con el mayor de los respetos: Señor presidente, señor ministro, compañeros, en esto se equivocaron feo", afirmó Romani.


El gobierno respondió a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que "mantiene en todos sus términos su compromiso inalterado con el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", según el comunicado emitido este jueves.

La cancillería expresó además su disposición a gestionar que los temas analizados en Buenos Aires entren en la agenda que la Comisión tratará en Montevideo en octubre próximo.

También anunció que convocará a la Comisión de Organismos Multilaterales del Sistema de Diálogo y Consulta que, en su opinión, "debe ser el ámbito" para tratar de manera regular con la sociedad civil los asuntos relativos a derechos humanos.



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