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Golpe de estado consumado
Con la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, el régimen de Nicolás Maduro consumó la instalación de una dictadura sin tapujos en Venezuela, censurada por todo el mundo democrático excepto por algunos países y por dirigentes del Frente Amplio, que optan por hacerse los desentendidos. Nuestro gobierno participó de la condena expresada por los cuatro miembros fundadores del Mercosur a la decisión del chavismo de “usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional”, el cuerpo legislativo unicameral que “es la única y verdadera titular de Poder Legislativo en ese país”.
La declaración del bloque, en la que la administración Vázquez corrigió tardíamente sus previas indecisiones, agregó que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no reconocen la decisión de la llamada Asamblea Nacional Constituyente ni ninguna otra que adopte ese organismo instalado “en desmedro del orden constitucional”.
Numerosos legisladores frenteamplistas, embretados en sus simpatías ideológicas con dictaduras siempre que sean de izquierda y pese a proclamarse defensores de los derechos humanos, se han puesto abiertamente contra su propio gobierno al rehusarse a comentar la barbaridad perpetrada en Caracas y transferir la responsabilidad de pronunciarse a otros dirigentes que simplemente no atienden sus teléfonos. Y el presidente del poderoso sindicato Sunca y exdiputado comunista Óscar Andrade llegó a la ingenua ridiculez de argumentar que no podía opinar porque no estaba bien informado de lo que ocurrió el viernes.
Andrade parece ser el único que no se enteró que la presunta Constituyente asumió oficialmente, por decisión unánime de sus más de 500 miembros puestos a dedo por Maduro y su entorno, todas las atribuciones del Parlamento, cuerpo que había sido legítimamente electo por el voto popular que le dio control mayoritario a la oposición. Los superpoderes asignados a la Constituyente, más allá de la redacción de una nueva Constitución que tratará de eternizar al chavismo en el poder, incluyen dictar leyes y castigar a su antojo cualquier forma de oposición. Ya sucedió con la fiscal general Luisa Ortega, arbitrariamente despedida por señalar los excesos de la dictadura y forzada a escapar al asilo en Colombia para evitar la cárcel.
El continente americano y las naciones democráticas de todo el mundo enfrentan ahora el dilema de cómo ayudar a restablecer el orden institucional en el desventurado país caribeño. Es inviable la opción de una intervención militar desde el exterior, mencionada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que provocó y un lógico y generalizado rechazo. El Mercosur ya se ha desembarazado del chavismo, pero la Unasur naufraga en su inacción y en la OEA la expulsión está bloqueada por un puñado de minúsculos Estados caribeños que dependen del petróleo venezolano.
Y la imposición de sanciones por Naciones Unidas, que podrían ser decisivas, enfrenta el poder de veto de China y Rusia, potencias que protegen sus vastas inversiones y negocios en Venezuela. La mejor esperanza es que los recientes estallidos militares de rebeldía, primeras fisuras en la estructura militar que es el único sostén del régimen, se expandan y complementen la militante oposición de más del 80% de la población, que a diario paga con sus vidas su resistencia a la dictadura.
