Golpe de gracia al gobierno de Dilma

Rousseff afirmó reiteradamente que no renunciará y procura defenderse con la acusación de que sus opositores gestan un golpe de Estado, argumento frágil, ya que el proceso se cumple de acuerdo a las vías constitucionales. A tal punto se ha acrecentado la perspectiva de que no termine su mandato que el vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB, anunció que, al contrario de los ministros de su partido en el gabinete, no abandonará su cargo. Su actitud refleja la obvia presunción de que asumirá la Presidencia para mantener el orden institucional de sucesión, en caso de que Rousseff sea destituida por el Parlamento o abandone voluntariamente la Presidencia. Su renuncia sería el camino más razonable, ya que al fracaso de gestión se agregó la soledad política. El líder social demócrata Aécio Neves, el político brasileño que mantiene mayor prestigio y que fuera derrotado estrechamente por Rousseff en la elección de 2014, precisó que la decisión del PMDB “cierra la tapa del ataúd de un gobierno moribundo”.

Al desprestigio de Rousseff por los escándalos de corrupción y por la recesión que hunde a Brasil por segundo año, se agrega la comprometida situación de su mentor Lula, otrora la figura más popular del país. El expresidente hoy aparece más preocupado por hilar maniobras que lo salven de la cárcel bajo cargos de corrupción que por apuntalar a su sucesora. En la compleja estructura política brasileña, con abundancia de partidos y acusaciones que salpican también a dirigentes de la oposición, Rousseff y Lula procurarán hasta último momento zafar del abismo institucional y judicial que los acecha. Pero la posición de la presidenta se ha tornado irrecuperable con la deserción del PMDB y su incorporación a las fuerzas opositoras.

La gigantesca red de corrupción en torno a Petrobras, por miles de millones de dólares y que ya ha llevado a la cárcel a prominentes dirigentes partidarios y a poderosos empresarios, tiene ramificaciones en toda la estructura del poder. Pero el impacto del escándalo se ha multiplicado por el derrumbe económico, con una caída anual del 4% del Producto Interno Bruto, alta inflación y aumento del desempleo. Muchedumbres de manifestantes protestan a diario en las principales ciudades del país contra un gobierno que ha perdido no solo a sus principales aliados políticos sino también el respaldo popular que siempre tuvo el PT como defensor de los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad brasileña. Todo augura que el cuarto gobierno de esa fuerza socialista no llegará a su término constitucional en 2019. Será útil para el país y la región, incluyendo los intereses exportadores de Uruguay, que el cambio se produzca lo antes posible para que Brasil pueda retomar la ruta hacia la estabilidad perdida y recuperar confiabilidad.