¿Habrá realmente un brexit?

El brexit parece ser una decisión irreversible. Es bueno recordar, sin embargo, que fue un escritor francés, Jean-Batiste Alphonse Karr, quien en 1849 expresó que “plus ça change, plus c’est la même chose” (cuanto más cambian las cosas, más es la misma cosa). Este dictum terminó de hacerlo famoso el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su fascinante novela El Gatopardo publicada en 1958 y llevada magistralmente al cine por Luchino Visconti en 1963. En lugar de un brexit, estos autores seguramente recomendarían una serie de cambios para que todo siguiera básicamente como está.

El primer problema que se plantea en brexit es el orden de la negociación del divorcio y de la futura relación. El Reino Unido ha expresado en forma clara su preferencia por dos negociaciones simultáneas. Al mismo tiempo que se negocien los términos de su retiro, Londres requiere que, en forma paralela, se negocien también los términos de su futura relación con la Unión Europea (UE), sobre todo en el área de comercio.

Mostrando un frente común, los otros 27 miembros han, por ahora, rechazado en forma tajante este enfoque e insisten en que, antes de empezar a negociar la futura relación, se llegue a un acuerdo con respecto al retiro dentro del plazo de dos años que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Ese plazo difícilmente resultará suficiente. En primer lugar habrá que estipular bases con respecto a áreas sumamente complejas, como ser los derechos de los ciudadanos y las fronteras externas. A esto debe agregarse el pago que la UE le demanda al Reino Unido por distintos conceptos que incluyen obligaciones presupuestarias, compromisos por proyectos de inversión en marcha o ya acordados, obligaciones relacionadas a pensiones y pasivos contingentes por garantías a diversos préstamos. La cantidad total se estima que puede exceder los 100.000 millones de euros.

La experiencia claramente muestra que el proceso de toma decisiones en la UE avanza normalmente a un ritmo glacial. Esto es entendible dado que la mayoría de esas decisiones requieren unanimidad. Como consiguiente, los acuerdos tentativos entre Michel Barnier, el comisionado de la UE encargado de negociar brexit, y el gobierno de Theresa May deberán ser ratificadas por los otros 27 miembros que no parecen para nada predispuestos a ser flexibles en este proceso. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, recalcó recientemente que no es la UE la que está abandonando al Reino Unido, sino al revés.

En este entorno difícilmente se logrará demasiado avance dentro de los dos años que vencen el 29 de marzo del 2019. El artículo 50 contempla la posibilidad de que este plazo se pueda extender. A medida que esa fecha se vaya aproximando seguramente esta posibilidad será considerada. Economistas suelen comparar a la primera devaluación de una moneda con la pérdida de la virginidad–a partir de ella, reincidir es cada vez más fácil. Algo similar puede suceder con el plazo de los dos años. Mientras que la primera extensión puede ser sumamente contenciosa, las siguientes pueden volverse rutinarias.

Mientras continúen las negociaciones del divorcio, resulta lógico asumir que se establezca un período de transición durante el cual se mantengan tanto los derechos de los ciudadanos como la relación comercial que hoy existe entre el Reino Unido y la UE.

A pesar de esto, aun antes de que cambios en las reglas se concreten, la simple expectativa de brexit le irá creando problemas cada vez más serios al Reino Unido –entidades financieras transferirán operaciones de Londres a otras ciudades en Europa como ser Fráncfort, París o Ámsterdam, empresas multinacionales diferirán inversiones, compañías británicas perderán oportunidades en proyectos públicos en otros países de la UE, ciudadanos británicos verán que se le cierran atractivas oportunidades de trabajo en la comunidad–.

Si bien el brexit obtuvo en el referéndum el 52%o de los votos, parecería que la opinión pública ha evolucionado y que ya ahora la mayoría de la población británica reconoce que esa decisión fue un error de proporciones históricas. Los costos que se vayan incurriendo a través de un largo y penoso período de negociaciones deberían acentuar este sentimiento. A medida que esto suceda la posibilidad de una marcha atrás se hará cada vez más atractiva para los británicos. El resto de los miembros de la EU, que claramente prefieren mantener la integridad de la unión, deberían mostrarse más que receptivos a esa posibilidad.

Una ruptura en las negociaciones, el llamado “hard brexit”, crearía una situación de incertidumbre y posible caos que ni el Reino Unido ni el resto de los miembros de la UE parecen dispuestos a afrontar. Lo más probable, entonces, es que el brexit entre en un proceso de una perenne negociación que se transforme en el nuevo statu quo.

En este escenario es posible que el ímpetu a implementar el brexit se vaya paulatinamente diluyendo. Todo indica que en las elecciones de junio la mano de Theresa May se fortalecerá y la de los “eurosceptics” se debilitará. Si bien es cierto que no en forma muy entusiasta, May fue uno los miembros del gabinete de David Cameron que, en vistas al fatídico referéndum, hizo campaña en contra del brexit.

El nuevo gobierno de May podría negociar acuerdos que incluyan: límites a la participación del Reino Unido en futuros tratados que busquen aumentar la integración política en la UE, requisitos que inmigrantes de otros países de la UE deban cumplir para recibir beneficios sociales, protecciones a países de la UE que no están en el euro y límites al peso de las normas regulatorias a fin de aumentar la competitividad de los mercados internos.

Estos eran los cambios que había negociado Cameron para que básicamente “todo siguiera como estaba”. Frente a la posibilidad de ser recordada como la primera ministra que, al implementar el brexit, dejó a su país en mucho peores condiciones que cuando tomó el poder, es posible que a May la senda iniciada por su predecesor le resulte cada vez más atractiva. l

(*) Contador uruguayo que completó el International Tax Program en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y ejerció su profesión desde Nueva York.