IMM revirtió suba del boleto y lo solventará con menos frecuencias

Poco más de tres meses después del último aumento del boleto, la intendencia de Montevideo resolvió revertir esa decisión para quienes abonan con la tarjeta del Sistema Metropolitano de Transporte (STM), con lo que busca incentivar su uso y paliar la baja en la venta.

No obstante, esa decisión tendrá otras repercusiones: para solventarla, las empresas suprimirán algunas frecuencias que vienen cumpliendo en los horarios de menos demanda.

Actualmente, y pese a que el precio diferencial con respecto al pago en efectivo comenzó a funcionar en 2016, solo 32% de los usuarios del transporte público utilizan la tarjeta STM, algo que no cubre las expectativas de la comuna. Es por eso que este jueves el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, anunció que el boleto pasará a costar $ 29 con la STM –estaba en $ 31– y seguirá valiendo $ 33 para quienes lo abonen arriba del ómnibus.Según aseguraron fuentes de la comuna, lo que se busca es que ese incentivo lleve, en el corto plazo, a que 70% de los usuarios use la tarjeta.

La diferenciación entre el precio del boleto abonado en efectivo y el abonado con la STM comenzó en noviembre de 2016. La intendencia definió entonces subir $ 2 para quienes lo pagaran en efectivo y mantener en $ 28 el precio para los usuarios de la tarjeta. Pero algunos meses más tarde, el 1º de marzo de 2017, el precio volvió a aumentar $ 3, y esa vez afectó también a los usuarios de la STM.

Si bien se mantuvo la diferencia de precio, se estancó el uso del pago electrónico y la cantidad de usuarios que se sumó al sistema "ayudó" pero no fue "determinante" para revertir los problemas en la caída de venta de boletos, dijo Martínez.

Entre enero y mayo de este año, cuando la diferencia de $ 2 ya se aplicaba hacía seis meses, la venta de boletos cayó 4,6%, informaron en la intendencia. La comuna busca entonces con la baja para los usuarios de la tarjeta STM anunciada este jueves, poder masificar el pago electrónico y reducir los costos. Por otra parte, se definió bajar el mínimo de recarga de la tarjeta, que pasó de $ 150 a $ 100. En tanto, el mínimo se mantiene en $ 60 para quienes tienen tarjeta social. "En esto hay que jugársela. Nuestra apuesta es dar una señal fuerte para que la gente esté motivada a tomar el transporte público", indicó Martínez, ya que "cuanta más gente lo toma, más se rentabiliza".

En conjunto con esa medida, la intendencia anunció que realizará un plan de racionalización de la cantidad de ómnibus que circulan en la ciudad. La medida aplicará para las denominadas "horas valle", es decir, en aquellas en que los ómnibus ruedan prácticamente vacíos. Según explicó Martínez a El Observador, la comuna definirá un mínimo y un máximo de ómnibus a circular por cada línea en esas horas, de manera de poder bajar los costos, sin afectar el servicio. Por ejemplo, dijo el intendente, si actualmente a determinada hora circulan 100 ómnibus, con la racionalización podrán circular como máximo 95, y 90 como mínimo. Como la comuna paga a las empresas por kilómetro recorrido, eso "genera un aporte a la reducción de costos globales del sistema", explicó Martínez. Y agregó que si en esas horas salen más ómnibus del máximo permitido, por los kilómetros que recorran esas unidades extra la IMM "no paga".

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, respaldó la medida. "Este es el primer paso para que en enero la suba no sea tan grande", dijo Salgado. El presidente de Cutcsa explicó que en la mayor parte del día se necesitan mucho menos unidades de las 1.500 que componen el sistema de transporte.

Por tanto, actualmente se paga por un servicio que no se usa. Pero dijo que "no va a haber falta de unidades en ningún recorrido", y que las demoras adicionales podrán ser de entre uno y dos minutos.

Entre los trabajadores del transporte las visiones son encontradas. Mientras que el dirigente de la Unión de Trabajadores del Transporte (Unott), José Fazio, destacó la medida como "positiva" , la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) afirmó en un comunicado que se sintieron "traicionados" por una resolución que se aplicó "sin haber mediado ninguna instancia de discusión" y que afectará a 1.800 puestos laborales. Afirman además que nos serán "cómplices ni rehenes de la campaña (electoral)" de Martínez.