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Indecisión oficial en el área laboral
Mientras languidece indecisa la negociación para evitarle a Uruguay una condena laboral, la candente controversia sobre la acción policial contra el corte de vías de tránsito agrava el costo de errores y vacilaciones gubernamentales. La gremial sindical del sector público COFE y otros ocho sindicatos recurren ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el último decreto del Poder Ejecutivo sobre el tema, posición que comparte el PIT-CNT. La estructura sindical argumenta presunta inconstitucionalidad y violación de la democracia, del estado de derecho y de los derechos humanos. Pero tanto COFE como la central sindical ni mencionan el derecho de la totalidad de la población a transitar libremente por todas las rutas y calles del país, ni los daños que los bloqueos causan a la actividad económica.
El enredo laboral ha sido creado por las propias administraciones del Frente Amplio. Acaba de sacar un nuevo decreto autorizando a la policía a desalojar manifestantes sin necesidad de previa autorización judicial, cuando fracase el pedido de desbloquear pacíficamente vías obstruidas por piquetes y obstáculos físicos. Algunos interpretan que se aplica solo a protestas barriales o medidas patronales pero excluye las derivadas de conflictos sindicales. Otros sostienen que rige sin excepción para todos los casos, lo que ha generado la afirmación sindical, carente de toda base jurídica, de que impedir con piquetes el libre tránsito es una extensión del derecho de huelga.
Prosiguen sin definición, entre tanto, las negociaciones tripartitas, lideradas por el gobierno, para que el sector empresarial retire la queja fundada que ha presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra ocupaciones y piquetes que violan las recomendaciones de esa institución. El obstáculo, hasta ahora insalvable, es que el PIT-CNT sostiene la validez de esas medidas aunque se ignoren las exigencias de la OIT de que se permita el ingreso a instalaciones ocupadas de sus dueños y de los trabajadores que quieran seguir cumpliendo sus tareas. Si la central sindical no depone su intransigencia, el resultado final, tarde o temprano, será que la protesta empresarial llevará a la OIT a incluir a Uruguay en su lista negra de países que no cumplen las normas laborales dispuestas por esa institución para el mundo entero.
Este sombrío panorama es consecuencia directa de las equivocaciones de los gobiernos frenteamplistas y de su blanda tolerancia con la central sindical. Primero, incluyó el derecho a las ocupaciones sin limitaciones en la ley de negociación colectiva. Ante el justo reclamo empresarial, retiró de la ley el artículo que las validaba. Pero la administración Mujica se contradijo a sí misma al mantener vigente un anterior decreto que las autorizaba. Para completar los traspiés oficiales, el Poder Ejecutivo sacó otro decreto que prohíbe la ocupación de instalaciones estatales pero la permite en las del sector privado. Esta discriminación insensata sigue vigente y contribuye a la caldeada controversia actual. No se arreglará a menos que la administración Vázquez prohíba de plano cualquier forma de bloqueo del libre tránsito, elimine la discriminación entre instalaciones públicas y privadas y permita ocupaciones solo si cumplen las normas de la OIT. La alternativa es perjudicar la vida económica del país y convertir a Uruguay en un paria mundial.
