Inician investigación judicial por espionaje militar contra sindicato

Políticos, militares y magistrados fueron seguidos hasta el siglo XXI
La Justicia formó un expediente para investigar en particular el espionaje militar en democracia contra el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), informó la jueza Adriana de los Santos a El Observador.
El gremio presentó la denuncia penal luego de que el semanario Brecha informara el 2 de setiembre que "de los documentos incautados" por la Justicia en casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni, "surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios de la dictadura".

El allanamiento a la casa de Castiglioni se concretó en el marco de una causa que investiga la desaparición y el asesinato del militante del Partido Comunista Fernando Miranda. El padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, fue secuestrado en 1975 y sus restos recuperados en 2005 en el Batallón de Infantería Nº 13. A raíz de la documentación encontrada en la casa de Castiglioni, la Justicia abrió una nueva investigación, caratulada Archivo Castiglioni.

La jueza Beatriz Larrieu (que luego fue trasladada al juzgado de Crimen Organizado) encargó a dos investigadores la tarea de clasificar el material encontrado. Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y la historiadora Isabel Wschebor, exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, presentaron sus informes en el juzgado, pero la jueza De Los Santos (que quedó en lugar de Larrieu) pidió a los investigadores una ampliación de sus escritos.

"El informe del Dr. Álvaro Rico enviado a la jueza Larrieu sobre el resultado de un primer relevamiento de las 65 cajas incautadas en el domicilio del coronel Castiglioni incluye documentos referidos a la vigilancia de dirigentes de la Untmra (sindicato de metalúrgicos) y Sutel (trabajadores de ANTEL)", informó Brecha. En base a esta publicación, Sutel presentó una denuncia penal en la que pide que "se indaguen especialmente las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los autores, coautores, cómplices y encubridores respecto de los hechos de espionaje militar del que hubiera sido víctima Sutel o cualquiera de sus integrantes".

La fiscal Mónica Ferrero solicitó a la jueza De Los Santos que forme un expediente independiente de las causas que investigan el crimen de Miranda y el Archivo Castiglioni para indagar el espionaje sobre Sutel, a lo que accedió la magistrada. Así, se inició formalmente la investigación judicial.

Además del espionaje sobre Sutel, Brecha informó que desde 1985 hasta entrado el siglo XXI hubo infiltraciones, seguimientos, escuchas clandestinas e interferencias telefónicas de los servicios de inteligencia militar de Líber Seregni, Tabaré y Jorge Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Jorge Batlle, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis, Gustavo Penadés, Azucena Berruti, Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, los militares Eladio Moll y Pedro Montañez, el pastor Emilio Castro, el abogado Leonardo Costa y los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero.

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, informó en el Parlamento que, de acuerdo a información de servicios militares, "institucionalmente" no se realizaron operaciones de espionaje en democracia.

Diputados investiga

Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión para investigar el espionaje en democracia. "Ni bien me pronuncio (a favor de la investigadora), me llega un mensaje de una mujer de apellido Castigloni amenazándome con que no estuviera tan de acuerdo con este tema y tratando de chantajearme diciendo que tenía información", dijo el diputado colorado Fernando Amado.

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