Insensatez oficial con la marihuana

Vázquez, nunca entusiasmado con el tema pero que optó por no procurar la derogación de la ley que propulsó su antecesor, encomendó al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, timonear el espinoso tema. Este jerarca anunció que en julio comenzará un plan piloto para la venta del estupefaciente en 50 farmacias de los 19 departamentos. Al mismo tiempo se autorizará la producción a las cerca de 5.000 personas que ya se han inscrito como cultivadores.

Pero el proceso de producción, distribución y consumo enfrenta objeciones y dificultades de todo tipo. Por un lado, las farmacias han planteado tres temores. Uno es que tengan que aumentar las medidas de seguridad para evitar posibles atentados de sus competidores en el mercado ilegal de las bocas de drogas, que seguirán floreciendo por todos lados. Otro es que el gremio de químicos farmacéuticos está en contra por razones de principios y rechaza intervenir en el control de la marihuana en las farmacias, que están bajo su responsabilidad técnica. Y el tercero es que la gente opuesta a la legalización de la marihuana deje de comprar en los comercios donde se venda, que no serán todos.

Adicionalmente, Roballo explicó que la droga será transportada desde las plantas productoras a las farmacias en vehículos controlados por GPS y bajo custodia armada. como si se tratara del traslado de caudales bancarios. Pero nada ni nadie asegura qué ocurrirá una vez que el cannabis sea depositado en las farmacias o cómo se asegurará que todo se ajuste estrictamente a las normas en la producción empresarial y familiar y se eviten trasiegos indebidos. Como si fuera poco todo este cúmulo complejo de problemas, los usuarios serán inscritos en un software que se supone será controlado simultáneamente por tres llaves en poder del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, la Junta de Drogas y el Poder Judicial.

Y están los narcotraficantes, cuyas poderosas organizaciones no se quedarán de brazos cruzados ante la competencia de la marihuana legal y utilizarán sus vastos recursos financieros y sus armas para defender sus mercados clandestinos. Sus acciones amenazan desatar violencia que hasta ahora estaba limitada a las guerras entre bandas de narcos en diferentes zonas de Montevideo y otros puntos del país. Roballo dijo que “el Estado tiene que decirle a la gente que es un tema sanitario”, contradicción notoria porque es un tema que va directamente contra la salud de la población.

Es absurdo que en un país acuciado por urgentes problemas económicos y sociales de extrema gravedad, un gobierno que tiene dificultades hasta para vacunar a toda la población contra la riesgosa epidemia actual de gripe, comprometa esfuerzos y recursos fiscales para montar una compleja estructura que no solo está destinada al fracaso, sino que agrede la salud de los uruguayos. Lo pertinente es profundizar la lucha contra las drogas, con vigilancia fronteriza y efectiva represión policial y judicial, en vez de alentarla con el desatino inventado por Mujica, que la administración Vázquez ha mantenido en vez del obvio curso sensato de eliminarlo.