Interior demandó a pizzería por falta de seguridad para policía asesinado en rapiña

El asesinato de un policía en el asalto a una pizzería de Pocitos en la que trabajaba de manera ilegal como seguridad privada planteó una duda en el Ministerio del Interior: ¿había posibilidades de denunciar penalmente al dueño de la empresa? Desde el lunes se manejó la posibilidad de hacerlo, hasta que finalmente del dicho pasaron al hecho. Este miércoles por la tarde, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, anunció en conferencia de prensa que habían radicado la demanda en el Juzgado Penal de 12º Turno. La denuncia se basa en el artículo 1º de la ley de responsabilidad penal empresarial, indicaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

En ese artículo la norma señala que "el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión".

Para el Ministerio del Interior, la pizzería no solo contrató de manera ilegal al policía –porque una ley le impide trabajar como seguridad privada– sino que no le dio los elementos necesarios para desempeñar su tarea.

Cuando el rapiñero ingresó al local, el cabo Wilson Coronel estaba acodado al mostrador vestido de particular y armado. Cuando Policía Científica llegó al lugar una vez que el delincuente ya se había fugado y Coronel estaba muerto en el piso, vieron que debajo de su ropa llevaba el uniforme de la Policía.

"El servicio 223 es ilegal. Cada vez de que nos enteremos de que hay un servicio 223 lo vamos a denunciar penalmente. Está prohibido por ley", dijo Vázquez luego de reunirse con representantes del PIT-CNT y del gremio policial.

"Quiero hacer llegar a los familiares y a los compañeros del policía mi más profundo dolor. Es una preocupación para el Ministerio del Interior la protección de los trabajadores policiales. La crítica al hecho de que se hayan hecho contrataciones en forma irregular no estaban dirigidas a censurar la actitud del policía sino de los comerciantes para poder cuidar sus intereses", indicó el jerarca, en referencia a las críticas que recibió luego de una rueda de prensa el lunes. Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reiteró que la tarea de "223" es ilegal y pone en riesgo a los policías.

"Tenemos que poder internalizar en la cabeza de los dirigentes y de los afiliados (a la central sindical) que un policía es un compañero nuestro y es un trabajador que cumple una tarea muy importante en la sociedad. Creo que todos somos conscientes de que si lo ponemos a hacer una tarea sin los elementos indispensables lo estamos poniendo en peligro. Nuestra apuesta es que los policías vayan a trabajar y vuelvan vivos a su casa. No hay objetivo superior en la vida", dijo.

A su vez, Pereira informó que la familia del policía asesinado recibirá $ 28 mil mensuales de pensión.

Ese pago no corresponde al que recibe un efectivo que murió durante el servicio porque el Ministerio del Interior considera que estaba realizando una actividad por fuera de su trabajo como cabo.

La familia de los policías que mueren trabajando, reciben una pensión que equivale a lo que cobra un comisario (unos $ 60 mil nominales) y una casa que solo pueden vender cuando todos los menores de la familia cumplen 18 años.

En el caso de la viuda de Coronel, el Ministerio del Interior se comprometió a buscar "una solución laboral" y vivienda para ella y sus hijos.

Más de 100 personas se reunieron este miércoles en la Plaza Fabini para reclamar justicia por la muerte del policía asesinado durante el asalto a la pizzería. El dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales (PIT-CNT), Eduardo Juárez, dijo que "los policías viven una ola de compañeros caídos" y se refirió a las declaraciones del subsecretario Vázquez, quien dijo que Coronel estaba desempeñando una tarea "no autorizada por el Ministerio del interior".

"El compañero Coronel murió trabajando porque no le daba el salario. Si a los trabajadores policiales nos pagaran la exclusividad y la nocturnidad muchos de los que hacen servicios extra no lo estarían haciendo" señaló.

Los sindicalistas exigen el reconocimiento de la exclusividad, ya que les está prohibido aceptar otros trabajos como guardia de seguridad, y están dispuestos a aceptar que se les realice un pago extra con horas de descanso.

"Mucho se ha hablado del 223, yo le quiero decir a esos políticos que salen a hacer política pero lamentablemente con la muerte de un compañero, que hay que salir a ver cómo está el policía para después salir a hablar", dijo Juárez.

En 10 años el salario de los policías se multiplicó por cinco (sin considerar la inflación), según cifras del Ministerio del Interior (ver gráfico). Juárez dijo que hay unos 400 policías viviendo en asentamientos y pidió que "se apure" la puesta en marcha de la construcción de viviendas policiales, las cuales serán levantadas con el aporte del 1% del salario de todos los policías.