Inversores de biomasa reclaman cambios en contratos con UTE

La empresa que funciona en el departamento de Tacuarembó se dedica a la producción de energía en base a biomasa y tiene un contrato de compraventa con UTE que se extiende hasta 2023. Hoy reclama que el ente aumente los precios que paga por la electricidad para poder seguir funcionando.

Durante una comparecencia reciente en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la compañía argumentó que los criterios de precios utilizados desde 2007 a la fecha resultan inadecuados. Si bien en 2012 –cuando el gobierno lanzó un nuevo llamado para biomasa– se introdujeron modificaciones que significaron una "mejora" de las condiciones y que la empresa reconoce, el pago se hizo retroactivo a 2010 y no a 2007. De ser así el precio que hoy se debería pagar estaría en torno a US$ 120 por megawatt/hora (MWh) y no US$ 86,2 MWh que es el vigente, según la empresa.

"Aceptamos el cambio de paramétrica porque, de lo contrario, la empresa iba a quebrar. (...) ¿Cuál es la compleja situación de Fenirol? En julio de 2012, quedó sin ajustarse un 40% o un 42% del precio. Así llegamos a la situación actual en la que, 10 años después, el precio es inferior al del contrato original (US$ 89,8 MWh)", expresó Guadalupe, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

"No es casualidad que no haya proyectos nuevos para biomasa. El problema es que los precios no son los correctos", apunto el empresario. Y añadió que UTE se ha beneficiado en cifras millonarias, porque mientras el precio de la biomasa está "congelado", el ente ha aumentado sus tarifas.

Una empresa monopólica

"Si desde el inicio hubiéramos aplicado la nueva paramétrica, hubiéramos tenido US$ 12 millones más de recaudación. Con eso, podíamos haber reinvertido y pagado los créditos de mejor manera. El problema es que UTE, como una empresa monopolista, fija precios, compra la energía y es distribuidor. O sea: no puedo dejar UTE porque no hay otro mercado", apuntó Guadalupe.

Según la empresa, en las condiciones actuales le resulta más conveniente tener la planta parada que generando. El emprendimiento acumuló pérdidas por US$ 7 millones en los primeros años y tiene deudas bancarias vigentes por US$ 10 millones.

En el contrato con UTE existe una cláusula que establece que a juicio de ambas partes, y en el caso que cambios importantes en las condiciones económicas o de otro tipo pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, se procederá de común acuerdo a una revisión de las condiciones.

"Sin embargo, con UTE no ha sido posible. Cuando nos dirigimos a UTE nos dicen que el que hace la política energética es el Ministerio (de Industria y Energía). Y cuando vamos al Ministerio, nos dicen que tenemos que hablar con UTE", afirmó Guadalupe. La empresa inició a mediados de este año una demanda contra el ente. Otra de las empresas de biomasa que tiene una demanda en curso y por la que pretende modificar la paramétrica es la firma Galofer SA, que es propiedad de varias cooperativas arroceras ubicadas en el departamento de Treinta y Tres.

Según supo El Observador, la postura de UTE es que cualquier cambio excepcional de la paramétrica que incremente los costos de los contratos de compraventa de energía que tiene firmados la empresa representaría un incremento en su estructura de costos, que debería ser trasladado a las tarifas. Además, se entiende que una modificación significaría "desvirtuar" los contratos de largo plazo. Por otro lado, se argumenta que el diseño de los proyectos, así como la estructura de costos y su evolución son competencia del generador.