Investigan en Perú a escuadrón de la muerte conformado por policías

El gobierno de Perú y la Fiscalía de ese país investigan una denuncia presentada contra 96 policías por presuntamente haber ejecutado extrajudicialmente a delincuentes para lograr ascensos, beneficios profesionales y económicos. El ministro del Interior de Perú, Carlos Basombrío, afirmó que existen "indicios muy fuertes" de la existencia de un "escuadrón de la muerte" en su país.

"Tengo indicios muy fuertes de que lo divulgado en los medios de comunicación es muy sólido y parece concordar mucho con lo que van encontrando las investigaciones durante su trabajo", declaró Basombrío en una entrevista publicada el lunes por el diario Perú21.

El supuesto escuadrón sorprendía a los delincuentes cuando iban a robar y los acribillaban, pero informaban de un enfrentamiento armado para obtener reconocimiento y ascensos, indicó la denuncia periodística.

De acuerdo con un informe de la Inspectoría General de la Policía citado por los medios locales, un grupo de 16 oficiales y 80 suboficiales de la Policía supuestamente participaron en la ejecución de 27 delincuentes entre 2011 y 2015, bajo la dirección de un comandante.

El ministro remarcó que él no es "juez para señalar si (los acusados) son culpables o no", pero dijo que su "obligación (es) investigar un caso tan pero tan grave".

El ministro detalló que hay tres investigaciones sobre el caso, una a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y dos del Ministerio del Interior.

El jerarca remarcó que ya se están tomando los testimonios de los presuntos implicados. Además, informó que los policías denunciados fueron retirados de sus lugares de trabajo y puestos a disposición de la oficina de recursos humanos, aunque aclaró que esa "no es una sanción, sino una forma de evitar que estén en su unidad".

Un colaborador eficaz, que presuntamente reunía a los delincuentes que iban a ser emboscados, declaró hace dos semanas a un programa de televisión que un comandante "organizaba todo, ganaba así su ascenso y felicitaciones por parte de sus jefes", mientras que los ejecutores obtenían dinero.

Basombrío ordenó el pasado 2 de agosto la conformación de un grupo de trabajo encargado de investigar el caso y emitir un pronunciamiento en un plazo máximo de 10 días.