Jerarca advirtió posible conflicto de intereses, pero ASSE lo ignoró

El doctor Marcos García, quien siendo director del hospital de Bella Unión en 2013 contrató a su propia empresa de emergencia móvil (Siemm SRL), había comunicado a su superior acerca del posible conflicto de intereses que ello implicaba, pero el directorio de ASSE lo ignoró.

En una nota fechada el 11 de marzo de 2013, elevada al entonces director regional Eduardo Ferrazzini, García explicitó las dudas que le generaba participar del proceso de contratación, debido a su condición de propietario de una empresa privada de traslados.

"Comunico mi decisión de abstenerme a intervenir en cualquier procedimiento de toda naturaleza relacionado con posibles traslados especializados y de baja complejidad a tercerizar para esta institución, debido a que me encuentro imposibilitado para ejercer como ordenador de gastos", escribió García.

El jerarca mencionó como justificativo el artículo 46 del Tocaf, que inhabilita las compras estatales a funcionarios públicos de la administración contratante, o a quienes mantengan "un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".

A pesar de la advertencia, ASSE hizo caso omiso y, en octubre de ese año, contrató a la empresa Siemm SRL, propiedad de Marcos García, Federico Eguren y Rodrigo Barcelona. El contrato con la empresa se extendió desde 2013 hasta 2016.

A inicios de 2017, el Tribunal de Cuentas calificó como "inadmisible" la contratación de Siemm. El fallo, aprobado por unanimidad, hace referencia al artículo 46, el mismo que había advertido García en su escrito.

Durante su comparecencia ante la comisión investigadora el pasado lunes 2 de octubre, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, presentó la nota de García y explicó que "por demoras en el procesamiento de esa solicitud, termina participando" de la adjudicación de la licitación.

Según Muñiz, la advertencia del jerarca se tomó como un "atenuante" a la hora de dictar su sanción, que constó de una amonestación en su legajo.

Sin embargo, minutos después de presentar ella misma la nota de García y contar que la misma fue elevada a Ferrazzini, Muñiz dijo que "es improbable" que el director regional haya sido advertido acerca del posible conflicto de intereses. "Respecto a si hubo advertencias, es improbable, porque no pasaba por él", dijo la presidenta de ASSE. "Seguramente una licitación abreviada no pasó por sus manos; de eso estoy segura", agregó. El Observador se contactó con Ferrazzini, quien prefirió no hacer comentarios.

La sucesora de Ferrazzini en la dirección de la regional norte fue Valeria Celada, que asumió en 2016 y se mantiene en ese cargo hasta el día de hoy. Un repaso de su currículum, publicado en la página web de ASSE, permite comprobar que entre 2012 y 2015 fue subdirectora del Hospital Español de Montevideo. En esos años, el director de ese centro era Federico Eguren, copropietario de Siemm.

En 2015 pasó a ser directora del hospital de Bella Unión, y en esa función continuó extendiendo el contrato a la empresa de su excompañero. Al año siguiente fue designada directora de la región norte y encargada de supervisar las unidades ejecutoras de Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y Durazno.

La comisión investigadora también analizó las diversas denuncias que giran en torno al hospital de Rivera. El ida y vuelta entre los legisladores y las autoridades de ASSE incluyó un repaso de algunas de las prácticas del exdirector del hospital, Andrés Toriani, removido de su cargo por faltas administrativas.

Toriani utilizó $ 48 millones destinados a servicios médicos para contratar de forma irregular a 60 médicos y 20 funcionarios médicos. Esos 80 funcionarios no cobraron entre enero y mayo de este año y presentaron un reclamo a ASSE para que les pagara lo adeudado. Eso llevó a una discusión en la interna del directorio (acerca de si correspondía pagar), en la que Muñiz hizo valer su voto doble para inclinar la balanza a favor de pagar los adeudos.

El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, recordó que el vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, votó en contra de efectuar los pagos y leyó extractos de su fundamentación, que consta en actas del organismo. En aquel momento, Ardus señaló que el pago venía "a emparchar una cuestión manifiesta a través de una vía espuria" y que no se podían "adoptar resoluciones de dudosa legalidad".

Muñiz justificó la resolución del directorio argumentando que "los profesionales trabajaron y no pagarles implicaría un enriquecimiento ilícito de la administración".

A propósito de la denuncia contra Toriani por contratar tomografías a un centro de salud en Brasil, la presidenta de ASSE dijo que "hay un vacío legal" en la regulación de los estudios médicos en la frontera. Además, explicó que las facturas se hacían a través de la mutualista privada Comeri porque ASSE no acepta facturas extranjeras. "Con esto no estoy diciendo ni justificando que estuviera bien. No estoy diciendo eso", aclaró Muñiz.