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Judiciales acuerdan cobrar partida de $ 25.000 pero juicios continúan
El gobierno acordó con la intergremial cómo pagará la deuda salarial
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16 de diciembre de 2015 a las 16:45
Los gremios que representan a jueces, fiscales, actuarios, defensores de oficio y funcionarios judiciales llegaron ayer a un preacuerdo con el gobierno para cobrar parte de la deuda salarial que reclaman, aunque esto no pone fin al conflicto y los juicios por el cobro de la deuda total continuarán.
El Ministerio de Trabajo, dirigentes de los gremios y representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación acordaron que jueces, fiscales, actuarios, defensores de oficio, funcionarios judiciales y de otras dependencias estatales, como los registrales, cobrarán el año próximo una partida de $25.000 correspondiente a la asignación salarial de 8% aprobada por el Parlamento en diciembre de 2014. Luego, recibirán una segunda partida, que será proporcional al sueldo que recibe cada funcionario.
Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo está obligado a pagar 8% del salario a los funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Para ello, ejecutará $ 246 millones que será distribuida entre jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios administrativos en dos pagos, uno de $ 25.000 y otra partida correspondiente al salario de cada trabajador.
Por otra parte, el gobierno acordó reconocer la equiparación salarial de los jueces con los fiscales y funcionarios de igual rango. Para saldar esta deuda destinará $ 70 millones adicionales. De este monto, recibirán las dos partidas (una de $25.000 y otra correspondiente a un porcentaje del salario)los fiscales y, además, funcionarios equiparados salarialmente, de la Dirección General de Registros, de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, de la Dirección General del Registro de Estado Civil y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Ricardo Míguez, presidente la Asociación de Magistrados del Uruguay, y Juan Gómez, presidente de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, informaron a El Observador que ese preacuerdo, que deberá ser ratificado en firma tripartita, no inhibe a los gremios de continuar con los juicios en curso, puesto que entienden que la deuda por enganche salarial es mayor a 8%. "Pero este preacuerdo acorta las distancias a un eventual acuerdo definitivo", aseguró Gómez.
El Ministerio de Trabajo, dirigentes de los gremios y representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación acordaron que jueces, fiscales, actuarios, defensores de oficio, funcionarios judiciales y de otras dependencias estatales, como los registrales, cobrarán el año próximo una partida de $25.000 correspondiente a la asignación salarial de 8% aprobada por el Parlamento en diciembre de 2014. Luego, recibirán una segunda partida, que será proporcional al sueldo que recibe cada funcionario.
Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo está obligado a pagar 8% del salario a los funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Para ello, ejecutará $ 246 millones que será distribuida entre jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios administrativos en dos pagos, uno de $ 25.000 y otra partida correspondiente al salario de cada trabajador.
Por otra parte, el gobierno acordó reconocer la equiparación salarial de los jueces con los fiscales y funcionarios de igual rango. Para saldar esta deuda destinará $ 70 millones adicionales. De este monto, recibirán las dos partidas (una de $25.000 y otra correspondiente a un porcentaje del salario)los fiscales y, además, funcionarios equiparados salarialmente, de la Dirección General de Registros, de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, de la Dirección General del Registro de Estado Civil y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Ricardo Míguez, presidente la Asociación de Magistrados del Uruguay, y Juan Gómez, presidente de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, informaron a El Observador que ese preacuerdo, que deberá ser ratificado en firma tripartita, no inhibe a los gremios de continuar con los juicios en curso, puesto que entienden que la deuda por enganche salarial es mayor a 8%. "Pero este preacuerdo acorta las distancias a un eventual acuerdo definitivo", aseguró Gómez.
