Jueces advierten que libertad anticipada se da en casos "muy excepcionales"

La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados avanza en el análisis del proyecto de ley aprobado por el Senado, que surgió del debate interpartidario sobre seguridad impulsado por el presidente Tabaré Vázquez y que propone restringir el beneficio de la excarcelación provisional, condicional y anticipada en casos de "reiteración, reincidencia, o habitualidad".

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo tras el acuerdo con la oposición plantea que esos beneficios no se apliquen en un elenco de 11 delitos, entre ellos homicidio, violación, rapiña, secuestro y lesiones graves.

Los institutos procesales que se quiere eliminar en esos casos se aplican en momentos diferentes, ya que la libertad provisional es cuando se habilita la excarcelación de un procesado antes de que tenga condena, la condicional opera en forma posterior cuando fue penado y ya está libre y en la anticipada se dispone la liberación de un condenado que ya cumplió con la mitad a las dos terceras partes de la sanción que se le impuso.

El miércoles, la Comisión de Constitución y Códigos recibió a una delegación de la Asociación de Magistrados (AMU) para conocer la opinión de los jueces al respecto. En ese marco, el diputado colorado Ope Pasquet preguntó si es habitual que se le otorgue la libertad anticipada a reincidentes, beneficio que debe conceder la Suprema Corte de Justicia en base a un informe del juez a cargo del expediente.

"No es tan frecuente. Cuando los jueces otorgamos la libertad anticipada, tomamos muy en cuenta la conducta del sujeto en la cárcel, si ha estudiado o trabajado o si ha adquirido algún hábito de trabajo", dijo la jueza penal Graciela Eustachio al contestar la pregunta de Pasquet.

La jueza especializada en crimen organizado, Beatriz Larrieu, indicó -según consta en la versión taquigráfica de la reunión- que "es difícil que se conceda la libertad anticipada en esos casos. En general, en el caso de esos delitos se cumple la totalidad de la pena".

En tanto, el juez penal Ricardo Míguez (que además es el presidente de la AMU) afirmó que cuando se elaboran los informes para la Suprema Corte de Justicia "se toma muy especialmente en cuenta las características de estos hechos, es decir, si se trata de un reincidente o no". "Sin conocer las estadísticas, y con el mayor respeto por ellas, al igual que mis compañeros creo que estamos ante una situación que se da en casos muy excepcionales", dijo.

Pasquet indicó a El Observador que la propuesta de restringir los institutos de excarcelación "no tiene base empírica" más allá de que al leer el artículo 1º del proyecto "se puede llegar a pensar que están saliendo en masa delincuentes reincidentes".

El legislador colorado también advirtió que se trata de una medida inconstitucional, por cuanto elimina el beneficio para delitos que tienen una pena menor a los 24 meses (como hurto y lesiones graves) cuando para esos casos el artículo 27 de la Constitución prevé la excarcelación.

En la Comisión de Constitución y Códigos del miércoles, el Partido Nacional, a través del diputado Pablo Abdala, manifestó su intención de votar el proyecto sobre libertades y también otro que introduce ajustes al Código del Proceso Penal que regirá desde julio de 2017. Sin embargo, se aprobó solamente la segunda iniciativa que ahora pasará al plenario.

El Frente Amplio objetó que el Partido Nacional no vote el capítulo sobre libertad vigilada. "En lo personal, quiero consultar a mi partido sobre qué posición vamos a adoptar, porque, reitero, los acuerdos son sobre un todo y no sobre una fracción", dijo el diputado Pablo González.