Justicia de Argentina se pronunció en contra del tarifazo de gas de Macri

La procuradora Alejandra Gils Carbó se pronunció hoy en contra del tarifazo de gas y pidió a la Corte Suprema de Justicia que confirme el fallo

La procuradora argentina Alejandra Gils Carbó se pronunció hoy en contra del tarifazo de gas y pidió a la Corte Suprema de Justicia que confirme el fallo de la Cámara de La Plata que frenó la medida.

Se espera entonces que mañana el máximo tribunal se expida sobre el tema en su acordada de los jueves.

La procuradora consideró que la falta de audiencia pública "restringió los derechos de los usuarios".

El dictamen señala que, "si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas".

Sostuvo además que "el tribunal platense había interpretado adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional".

En el documento, recordó que "una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente".

La procuradora puntualizó que la Ley 24.076 de Gas Natural "dispone expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria" y agregó que el mismo mecanismo prevé el decreto 1738/92 —reglamentario del régimen de gas—.

Destacó que "estas disposiciones que integran el régimen de gas natural, en el que se inscribe el requisito de audiencia pública previa, fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad".

"La procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas", agregó.

También estimó que correspondía rechazar el planteo del Estado Nacional según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia solo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.


Fuente: El Cronista/RIPE