Luego de sus vacaciones, pero en plena feria judicial, el lunes 18, el fiscal especializado en Crimen Organizado Juan Gómez volverá a trabajar y retomará, junto con la jueza Adriana de los Santos, la instrucción de la causa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la que fue procesado con prisión por fraude y lavado de activos el exdirectivo de esa entidad, Eugenio Figueredo.
A pedido del representante del Ministerio Público, en la resolución de procesamiento del exdirigente que fue extraditado desde Suiza y enviado a la cárcel el 24 de diciembre –el último día hábil en el Poder Judicial en 2015– la jueza habilitó en forma especial el receso que paraliza la actividad en los tribunales hasta el 1º de febrero para retomar la causa antes de esa fecha.
Gómez pretende avanzar en la investigación y profundizar respecto a la maniobra de lavado de activos que llevó a cabo Figueredo. Mediante inversiones inmobiliarias el exdirigente blanqueó miles de dólares provenientes de pagos ilegales que recibió de empresas vinculadas al negocio de la emisión de partidos de torneos de la Conmebol.
Y ahí aparece el nombre de la constructora Weiss Sztryk Weiss. Según el fiscal, esa firma cooperó con Figueredo para ingresar "el producto de su actividad ilícita al mercado regular de la economía uruguaya". Previendo que en breve serán citados a declarar en calidad de indagados, los tres socios de esa empresa contrataron como defensores a los penalistas Gonzalo Fernández e Ignacio Durán.
Fernández, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de la República y exjerarca del anterior gobierno del presidente Tabaré Vázquez, en su momento elaboró un informe jurídico para la Mutual de Futbolistas y los siete clubes (que denunciaron y luego desistieron de la acción) sobre irregularidades en contratos de la Conmebol.
Consultado por El Observador, Durán confirmó que asumirá la defensa de los responsables de Weiss Sztryk Weiss junto a Fernández, pero de momento se excusó de realizar más comentarios.
El pasado 30 de diciembre la constructora dio a conocer un comunicado donde señaló que el vínculo comercial con Figueredo tiene más de 20 años y "no hubo manera alguna" de que la empresa sospechara sobre el origen de los fondos del inversionista.
"Así como organizaciones, empresas y gobiernos de todo el mundo, también nosotros estamos expuestos a que algún inversor pueda ingresar fondos de procedencia espuria, aun cuando cumplimos estrictamente todos los requerimientos estatales de control para prevenirlo", indicó la empresa.
El fiscal Gómez también pretende investigar a los responsables de una casa cambiaria y a los escribanos que intervinieron en las transacciones inmobiliarias de Figueredo sin emitir reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Los escribanos que actuaron en nombre de Figueredo (que son dos, padre e hijo) ya contactaron al menos a dos abogados penalistas para que los representen cuando sean citados a declarar aunque todavía no definieron qué profesional contratarán. El dueño de la casa cambiara, por su parte, también consultó a un reconocido experto en delitos económicos que debe decidir si asume su defensa.
Desde que fue procesado, Eugenio Figueredo (83 años), se encuentra alojado en el Centro de Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que funciona en el edificio de la ex Cárcel Central. Si bien esa dependencia es de tránsito y los imputados no permanecen allí más de dos o tres días, el caso de Figueredo es "excepcional" y se está "priorizando" su situación médica, dijo a El Observador la semana pasada el director del INR, Luis Mendoza.
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