La chanza de un pacto de la Moncloa

Nadie está interesado en ceder sus intereses en aras del bien común

La idea que resurge en mi querido país es la de reclamar una suerte de pacto de la Moncloa que asegure la gobernabilidad y la aplicación de algunas políticas públicas imprescindibles. Como podría ocurrir que el lector tomase tal concepto en serio, debo advertirle que eso no ocurrirá. Es solo una frase más sin significado alguno, de las que se dicen en Argentina, que no lleva a ninguna parte ni tiene ningún futuro ni importancia.

Para empezar, los políticos argentinos no tienen ni un mínimo atisbo de grandeza, con lo que la esencia misma de la propuesta muere antes de nacer. La única cosa que puede ponerlos de acuerdo es el miedo a que ocurra algo similar a Brasil y se destape la orgía de corrupción que asuela al sistema argentino, una telaraña, una web de corrupción mayor que la brasileña, que no se sacude de un plumerazo porque también la justicia está infectada del mismo virus (si no ver ayer el fracaso del juicio en el Consejo de la Magistratura al corrupto juez Freiler).

Si se profundiza en los temas que supuestamente requieren una política de estado, no haría falta demasiados pactos para ponerse de acuerdo sobre cuestiones que ya solo se ponen en duda en países precarios tropicales. Bastaría con una tarea seria del Congreso. Por ejemplo, la promoción de una educación de excelencia, con docentes jerarquizados y evaluados permanentemente y un grado de exigencia importante tanto en la asistencia como en el esfuerzo de los alumnos y sus padres. O una justicia ágil, seria, decente y no influenciable que sancione la delincuencia de ciudadanos y políticos con total independencia. Y donde los delitos de los funcionarios no sean investigados por comisiones de legisladores ni oficinas ad hoc, sino por un juez, por ejemplo.

Otra posible política de estado sería la de limitar o prohibir el déficit, el aumento del gasto y los impuestos, el endeudamiento y la emisión, dentro de parámetros de seriedad imprescindibles en países de escasa o relativa importancia mundial, con todas las implicancias que esa decisión tendría. También podría acordarse la salida del proteccionismo, la reducción del tamaño del Estado y la injerencia estatal, que han sido hasta hoy las rémoras que han transformado un país próspero en un mendigo de lujo internacional.

Inmediatamente después, se podría acordar el replanteo integral del sistema tributario, que además de ser una bomba de succión del producto del esfuerzo del sector privado, implica un costo adicional importante para las pequeñas y medianas empresas, que se han transformado en estafetas de la AFIP. Dentro de ese cambio, se debería incluir una rediscusión - para muchos la eliminación - del sistema de Coparticipación Federal y de los adelantos transitorios del gobierno nacional a las provincias, padres del déficit crónico y de los arreglos políticos más sucios que se conozcan.

Para finalizar, se debería consensuar un cambio integral de la legislación y fuero laboral, a la vez que cambiar las leyes que aseguran el monopolio gremial y el manejo del sistema de las Obras Sociales, un derecho al latrocinio multimillonario concedido a los sindicatos por el dictador Onganía, buscando quién sabe qué tranquilidad u objetivo.

Nada de todo eso se va a acordar. Ni en un pacto de la Moncloa ni de ninguna otra parte, ni existe riesgo alguno de que ocurra algo parecido en el Congreso, por los mecanismos constitucionales de generación de leyes y el mecanismo obstruccionista del peronismo, que impide legislar cuando no es gobierno, y que legisla burda y e irresponsablemente cuando lo es.

Los pactos en mi país son tácitos. Para protegerse entre corruptos, para protegerse de la Constitución, de la ley, de la justicia, de la competencia, de tener que trabajar para obtener un salario, del esfuerzo previo a cualquier logro, título u honor, de tener que estudiar para recibirse, de tener que ser exitoso para tener dinero, de tener que trabajar y ahorrar para tener una casa.

En consecuencia, nadie está interesado en ceder sus intereses en aras del bien común, ya que el bien que le interesa a cada uno es el propio. Si a eso se le agrega la barata ideología estudiantil que nos inspira, el resentimiento kirchnerista que sabotea cualquier intento de grandeza –palabra ajena a su léxico– y la grieta terminal que tajea a la sociedad, no habrá que temer ningún pacto superador, ni tampoco leyes que impliquen cambios refundacionales, por imprescindibles que fuesen.

Este laberinto y dilema fatal fue entronizado por el sistema monopólico de partidos que se apoderó de la Constitución Nacional en 1994 y que aleja al individuo, al ciudadano, cada vez más del protagonismo político y lo convierte apenas en un espectador bianual semiactivo de una dudosa democracia donde las decisiones las toman los partidos, en secreto y crípticamente.

Con una probable reactivación insuficiente inflada por un endeudamiento que bordea la irresponsabilidad y un falso auge de inversión en obras públicas que son en definitiva gastos futuros y más estatismo, todos los temas detallados dejarán en breve de ser considerados necesarios o importantes, hasta la próxima crisis.

Esta nota tiene un doble objetivo. Que mis lectores uruguayos no caigan en la trampa de creer que los argentinos hablamos en serio y al mismo tiempo, que usen el punteo que acabo de ofrecer para ver si algunas de esas reformas se necesitan en Uruguay –y, eventualmente, las razones por las que no se aplican– y de paso para discurrir si el marco político local es el adecuado para aplicarlas. Mientras en Argentina la corrupción es conocida y denunciada y en Brasil es ahora sancionada y expuesta, Uruguay parece exento del flagelo. Parece, me dicen algunos.

Del mismo modo, también habrá que preguntarse cuán democrática es su democracia, en particular con el mecanismo frentista de escasa proporcionalidad de representación y de oscuridad de gestión que hoy impera. Además, habría que analizar si el socialismo antiguo con fuerte influencia marxista que rige, es compatible con el avasallador escenario global que se nos viene encima, como gustan decir los populistas demagogos.

Escucho también aquí ideas de consensuar políticas de estado para la educación, la seguridad y otros temas. No quiero ofender diciendo que esas ideas me producen tanta risa como las de mi país, pero por lo menos permítaseme una sonrisa de escepticismo. Sería interesante ver como se compatibilizan las ideas de quienes quieren una educación de excelencia con las de quienes desean aprobar y promover a todos y todas y creen que las pruebas PISA no se adecuan a las necesidades uruguayas y que la solución es tirar más fondos al fuego del trotskismo.

No sea que, en vez de un pacto de la Moncloa, se intente un pacto de Donnafugata, de la icónica obra Il Gattopardo, para que nada cambie. Aunque la globalización y los bots sigan estando ahí, a la puerta.


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Dardo Gasparré

Dardo Gasparré