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La confidencialidad, el escudo del gobierno con UPM
La forma de relacionamiento entre el gobierno y la empresa UPM a través de cláusulas de confidencialidad enfrenta al Poder Ejecutivo con la oposición, que reclama saber las concesiones que se le otorgarán a la compañía finlandesa para que confirme su instalación en Uruguay.
La oposición no acepta quedar al margen de una discusión que comprometerá también a gobiernos futuros.
Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez entiende que primero hay que asegurar la que puede ser la mayor inversión de la historia del país. "En cuanto firmemos el acuerdo estamos dispuestos a dar información a la oposición y responder todas las preguntas", dijo el jueves entrevistado por Informativo Sarandí.
La confidencialidad es precisamente el elemento en donde el gobierno se resguarda para manejar la negociación con reserva con una compañía extranjera que está en competencia con otra planta similar instalada en Uruguay.
Pero la oposición entiende que, respetándose lo acordado, el Poder Ejecutivo debe informar al Parlamento antes de cerrar el acuerdo y no después, como piensa hacerlo.
Según consultas de El Observador, legisladores de la oposición entienden que puede haber elementos que estén bajo reserva pero no la totalidad de lo acordado.
El Observador informó el jueves que tres ministros y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, irán a la comisión de Industria del Senado en la semana del 23 de octubre.
Para esa fecha, el gobierno ya tiene previsto haber firmado el acuerdo con UPM.
Gesto
Desde todos los sectores políticos se cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo.
"A mí qué me importa la confidencialidad si lo que se acuerda, y ampara esa confidencialidad, puede terminar perjudicando a todos los uruguayos", afirmó este viernes el senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional), al ser consultado sobre la forma en que el gobierno llevó adelante las negociaciones con UPM.
Larrañaga cuestionó el "secretismo" y la forma "casi clandestina" con que el gobierno se relaciona con la compañía que proyecta instalar una pastera en el departamento de Durazno con una inversión de US$ 4.000 millones.
"No nos vengan con ese tipo de cláusula que pueden terminar perjudicando al país. Y nos enteramos después de lo que se compromete", afirmó el líder del sector Juntos, molesto con el Poder Ejecutivo.
Larrañaga aclaró que apoya las inversiones "que traigan desarrollo al país" y se preguntó –para el caso de UPM– cuál es la rentabilidad económica del proyecto, qué impacto ambiental tiene en una zona de represas, qué impuestos se resignarán y qué acuerdos de inmunidad sindical se pactaron, afirmó.
El martes 10 había sido el senador Luis Lacalle Pou (Todos) quien había asegurado: "Le va a hacer bien a todo el mundo informar", y aseveró que por parte de la oposición no hay una doble intención. "Es conocer, saber. Es una gran inversión para el país", dijo a los medios. En mayo fue la primera vez en que Lacalle Pou reclamó que el Parlamento recibiera información.
El senador Álvaro Delgado (Todos) dijo que esperaban "un gesto" del gobierno.
En el Partido Colorado, el senador José Amorín comentó que "no tiene sentido conversar luego que esté firmado el acuerdo con UPM" y dijo que "es lamentable" la actitud de Vázquez.
El senador Pablo Mieres (Partido Independiente) entiende incluso que mantener todo oculto "es el gesto más grave de todo el mandato de Vázquez".
