La Corte quiere que el nuevo código se aplique en forma gradual

El nuevo sistema, que insumió casi cuatro años de análisis parlamentario, consagró un modelo acusatorio (donde los fiscales pasarán a tener la responsabilidad de dirigir las investigaciones), oral y público. Además, el nuevo CPP establece una nueva regulación de la privación de libertad, ya que el acusado ingresará a prisión cuando tenga una sentencia condenatoria y la reclusión preventiva dejará de ser preceptiva en los casos de personas con antecedentes y se aplicará solamente en casos considerados graves.

Los operadores judiciales destacan que el nuevo sistema procesal reducirá los plazos de los juicios y con eso disminuirá la cantidad de personas privadas de libertad sin condena, que son más de 60% de los reclusos.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estudia la posibilidad de aplicar el nuevo CPP en etapas y por regiones, de forma que su implementación —que requerirá una inversión total de US$ 40 millones y la formación del personal— sea más sencilla.

La alternativa de que el nuevo sistema procesal penal sea aplicado gradualmente fue analizada en la reunión que los ministros del máximo órgano judicial mantuvieron con el presidente Tabaré Vázquez el pasado 18 de marzo. La Corporación creó un equipo técnico que comenzó a trabajar en base a las dos hipótesis: con una aplicación por regiones o una vigencia total en 2017.

La idea de aplicar el nuevo CPP por zonas “es lo más conveniente”, dijo a El Observador el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique. “Hay que evaluarlo en términos de gestión, infraestructura y capacitación del personal. Todo será un proceso bien complejo”, afirmó el magistrado.

En ese caso, la Corporación entiende que lo mejor sería comenzar por los departamentos menos poblados y con índices delictivos más bajos para llegar a Montevideo en el plazo de un año y medio, por lo que el nuevo modelo procesal se comenzaría a aplicar en la capital recién a mediados de 2018. Pérez Manrique comentó que varios países de la región (Chile, Perú y algunas provincias argentinas) han reformado sus sistemas procesales y por razones de organización y de costos la aplicación se hizo de manera paulatina.

El ministro de la SCJ aseguró que se requiere resolver el modo en que se comenzará aplicar el nuevo CPP en acuerdo con el Poder Ejecutivo, porque en función de lo que se decida variarán las partidas que el Poder Judicial le pedirá al gobierno en el marco de la ley de Presupuesto.

Además, según explicó Pérez Manrique, como la ley aprobada el año pasado estableció la plena vigencia del nuevo CPP a partir de febrero de 2017, el Parlamento deberá aprobar una modificación a esa ley para que sea posible la aplicación en forma gradual.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunció en marzo “totalmente en contra” de la opción de aplicar el nuevo CPP en forma progresiva porque a su juicio es “innecesario e inconveniente”.
Díaz también advirtió que la vigencia de dos modelos procesales al mismo tiempo podría considerarse inconstitucional.