La ley y la corrupción: lo político por encima de lo jurídico

El exencargado de Deportes de la IMM fue removido ante denuncias de irregularidades
La decisión del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, de remover de su cargo al encargado de deportes de la comuna, Pablo Sanmartino, antes incluso de saber si este incurrió en irregularidades en el manejo de dineros públicos, parece llevar a la izquierda a las fuentes de un camino que había marcado Tabaré Vázquez cuando, siendo jefe comunal capitalino, echó a dos jerarcas solo por la sospecha de actos de corrupción que luego no se comprobaron a nivel judicial. Vázquez cortó por lo sano ajustándose a un principio que debería regir en política: a la hora de cuidar la ética y los bienes públicos, una cosa es la corrupción y otra la ley, una cosa es lo jurídico y otra lo político. En este asunto de la transparencia pública, lo político debería estar siempre por encima de lo jurídico.

Pero luego de aquella decisión fulminante de Vázquez en el primer gobierno municipal del Frente Amplio (1990-95), la izquierda siguió caminos poco claros a la hora de juzgar a sus gobernantes sospechosos de corrupción.

El caso más evidente fue el del exdirector de Casinos, Juan Carlos Bengoa. Cuando las investigaciones no solo administrativas sino judiciales mostraban al menos irregularidades –cuando no ineficiencia– en el manejo de casinos que insólitamente daban pérdidas, el jefe político de Bengoa, Danilo Astori, lo mantuvo en su cargo. En aquella ocasión, Vázquez le cedió la derecha a su ministro de Economía y este dijo públicamente que hasta que la Justicia no se pronunciara no iba a abrir juicio al respecto. Bengoa terminó renunciando poco antes de que la Justicia lo procesara, pero aun así Astori siguió diciendo que había que esperar por la condena para abrir un juicio definitivo. Esa posición chocaba con lo que había sido la historia del comportamiento político del Frente Amplio, que solía montar tinglados mediáticos cuando denunciaba penalmente a algún adversario y lo declaraba culpable antes de que se demostrara si lo era.

Es sabido que el sistema penal uruguayo es violatorio de los derechos humanos puesto que solo con el procesamiento, con la sospecha, hay gente que termina en la cárcel aunque luego se demuestre su inocencia. Pero una cosa es la Justicia y otra la política, donde no solo hay que ser sino además parecer.

En política está lleno de ejemplos de corrupción que no son ilegales, desde las manganetas en los altos cargos para beneficiar a amigos, a los docentes que faltan a los centros públicos pero van a trabajar a los privados, o los médicos que desde hospitales estatales envían pacientes a clínicas o CTI de los que son propietarios. Incluso extremando la visión de lo que es corrupción o no, se puede afirmar que en Uruguay, por décadas, se montó un Estado de base corrupta cuando se les cobran impuestos a los más pobres para darles a cambio servicios de mala calidad con funcionarios mal pagos, mientras se contratan choferes o burócratas ineficientes por salarios siderales. El sistema corrompe su función básica, que es administrar bien los recursos y proteger a los más débiles.

Por el bien de la transparencia pública, ante la evidencia de irregularidades –no necesariamente ilegalidades– los partidos y los gobiernos deben actuar con aquella frialdad con la que actuó Vázquez en su primer gobierno y no con el emocionado discurso con el que Astori despidió a Bengoa cuando este renunció al cargo ("Yo quiero decir que en absoluto se ha alterado mi confianza en su honestidad", dijo Astori en aquel momento), y que luego terminó procesado y condenado.

Los amiguismos y las solidaridades personales con jerarcas sospechosos de irregularidades o de ineficiencias que nos cuestan dinero a todos deberían expresarse en el boliche o en la intimidad de esas relaciones y no en homenajes públicos ni en marchas solidarias que dan a la ciudadanía una señal equívoca de lo que debe ser la política. En todo caso, si se considera que la responsabilidad de determinado funcionario no es primaria y que hay otros que deberían estar pagando por él, tendrían que tener el coraje de decirlo. El ejemplo de Pluna es paradigmático: si el ministro Fernando Lorenzo y el presidente del BROU, Fernando Calloia, se vieron involucrados en un asunto sin comerla ni beberla, entonces sus defensores debieron tener la valentía de decir lo que todos sabían: el responsable es el presidente José Mujica. Sin embargo, esto es política y todos quieren caer parados; pero todo no se puede.

De hecho, Martínez y sus asesores se deben una autocrítica por haber permitido que Sanmartino estuviese en el área de Deportes y fuera a la vez presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, cuando ambas estructuras estaban vinculadas y compartían gastos y otras cuestiones financieras.

Pero ahora, antes de que se sepa si legalmente Sanmartino es responsable, Martínez cortó por lo sano y lo sacó del cargo. Al rato de esa decisión, un comunicado de Asamblea Uruguay anunció que expulsaba al dirigente del sector. De aquel apoyo emocionado a Bengoa y la defensa de que primero debía pronunciarse la Justicia, a esta expulsión sumaria antes de que se sepa si Sanmartino delinquió, pasó bastante agua bajo el puente. Ojalá la izquierda vuelva, así, a las fuentes y a aquellos principios que nos prometían a todos una nueva forma de hacer política.

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