La mentira nuestra de cada día

Jugadas de irreversible proyección, como abrir la economía del país al mundo, o negociar exitosos acuerdos de inversión con empresas como UPM, requeriría del frenteamplismo el renegar de su naturaleza

El runrún del aumento tarifario y la tradicional agitación de las fiestas navideñas han logrado que muchos evitaran reparar en el reciente desenmascaramiento de una flagrante mentira frenteamplista: la del tratado de libre comercio que, nos anunciara el mismísimo presidente Tabaré Vázquez en China a fines de octubre pasado, firmaríamos con ese país como “fecha límite” (sic) en 2018.

“Yo creo que no va a haber inconveniente”, nos aleccionó.

Era, claro, tan falso entonces como lo es hoy. Uruguay no está en condiciones diplomáticas, políticas o materiales de negociar un TLC con ninguna economía relevante del orbe, sin mencionar que está hundido en el naufragio del Mercosur. Solo una administración tan perdida como esta, acostumbrada ya a decir lo que sea en el transcurso de sus irrelevantes viajes oficiales, podía creer algo diferente.

La engañifa llegó a más: embarcar a empresarios, periodistas, economistas y “expertos” en el análisis de esta inconducente fantasía.

A partir de octubre se ha llegado al patético extremo de organizar eventos y mesas redondas que, con el mismo fundamento con el que nuestros niños anticipan la llegada de los Reyes Magos, vienen estudiando cómo concluir exitosamente el tratado que nunca firmaremos. Un motivado burócrata de la cancillería llegó, incluso, a afirmar que, de tener que negociar en soledad, Uruguay “no le va a decir que no a China”. (Lo que quiera que sea que esté fumando, le aconsejo que lo deje por su bien).

Y, caramba. Ha sido ahora el mismísimo ministro de Economía, Danilo Astori, el que nos ha espetado: “Yo no veo claramente que China esté dispuesta a hacer un acuerdo con Uruguay sin la autorización de los otros países del Mercosur”. Para concluir en lo cual, recuerdo… ¡tuvo que viajar hasta China, y con cargo al contribuyente!

Ese mismo ministro es el que ahora ha comentado, en relación con los aumentos generalizados en las tarifas públicas que “de ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra tarifazo”. ¿Y por qué no? Pues porque tienen por referencia el índice inflacionario al mes de noviembre y no son, por ende, recaudatorios.

Así, mediante este sencillo expediente, Astori ha vuelto a jugar a la mosqueta con la verdad porque, diga lo que diga, usted y yo sabemos que los aumentos tienen, en toda su esencia y por solo norte, un efecto recaudatorio.

No pretenden, claro, enjugar el déficit fiscal en beneficio de cuya robustez el frenteamplismo trabaja día y noche: de eso se encargan los impuestos que, por cierto, también van a subir (en un movimiento que Astori también nos dirá que distan de ser recaudatorios), así como el endeudamiento público, contra el que el frenteamplismo libra todos sus cheques con el mismo entusiasmo con el que un quinceañero podría usar una tarjeta de crédito por internet.

Lo que los aumentos sí pretenden es maquillar los inocultables horrores de las que insistimos en llamar “empresas públicas”: ruinosos emprendimientos privatizados a favor de sus funcionarios, dirigidos por alumnos de una maestría en gestión pública por el método de la prueba y el error, sin un ápice de rentabilidad o eficiencia.

Reparen, si no, en UTE, esa joya de la corona tecnológica del Estado que quiere firmar un TLC con China.

Sus “técnicos” fijaron en 4,6% el índice de aumento que precisaban, a fin de mantener lo que hoy hacen. “¡Un momento!”, dijo alguien. “Adicionemos los costos salariales que supondrá el plan de reestructura del ente, bautizado bambú (ah… la China…). Así subió la tarifa 5,3% en beneficio de un “plan” que, por cierto, el sindicato de UTE rechaza (y, por ende, tiene tantas probabilidades de vivir como el TLC con Chin1a)… pero que ya costó, claro, 7 millones de dólares en consultorías. ¿Conclusión? La tarifa aumentó promedialmente 7,5% entre el Palacio de la Luz y la sede del MEF que, por fortuna, no queda muy lejos.

Y Astori insiste en hacernos creer que el ajuste tuvo en cuenta un “eje inflacionario”.

Lo que los economistas quieren, por lo tanto, hacerle creer a usted es que el hecho de que el torniquete tarifario apenas logrará recaudar un balde de la laguna del descontrol fiscal, hace que ese balde no sea un “tarifazo”.

Pero lo es, como lo fueran los anteriores: de no haber sido “tarifazos”, esos monstruos no le habrían podido cargar a su bolsillo y al de su familia las enfermedades de Pluna, ANCAP, la fibra óptica, el ANTEL Arena, la planta regasificadora, los trenes que no circulan, la fiesta desulfurizadora de Raúl Sendic, el agua que se pierde a borbotones.

La central sindical PIT-CNT, segundo pilar de la oligarquía burocrático-sindical que rige el país, conoce estos pormenores al dedillo, y por ello ha puesto paños fríos sobre la noticia del “tarifazo”: su función en este mundo es la de asegurar que los ciudadanos soporten, en silencio, su condición de siervos tributarios de un país que se parezca, de más en más, a una gigantesca oficina pública en la que ellos, y sus adláteres políticos, administren crecientes recursos. En tanto, los funcionarios de OSE y UTE inicialmente vieron en las decisiones de Astori el rostro del “tarifazo” que es, hoy seguramente se llamen a silencio, embelesados con la mendaz explicación del ministro.

Unos y otros claramente detectan a su enemigo: la demonizada privatización de esos servicios que las “empresas” estatales tienen a su cargo. En la lucha contra este espejismo (ya ni privatizables son esos mamarrachos) es que se seguirá ahondando el único desenlace posible de tanta estupidez: mantener el cada vez más muerto peso del Estado sobre todo impulso de innovación, emprendimiento o competitividad, con la misma, ciega, persistencia con la que se construyen imaginarios paraísos de inversión extranjera y tratados de libre comercio.

La desnorteada administración Vázquez cree, a pie juntillas, que puede atar estas dos moscas que nadie ha atado jamás por el rabo, y por ello nos va a embarcar ahora en una pieza de ballet con la empresa pastera UPM, con tanta probabilidad de éxito como lo hiciera con China.

Consciente de lo que una tercera planta significaría para un gobierno fallido y sin logros, UPM demanda lo que usted y yo demandaríamos en su lugar. Inmunidad frente al desborde sindical que desembozadamente patrocina el régimen. Claros compromisos financieros asumidos por Uruguay. Una vía expedita y garantizada para la salida de su producción por el puerto de Montevideo.

¿Qué puede, por su parte, ofrecerle este gobierno? Lo de siempre: cartas, notas, comisiones, estudios, reuniones, el análisis minucioso y calmo de todo lo que minuciosa y calmamente analiza sin ningún propósito. “Yo creo que no va a haber inconveniente”. ¿Un tren al puerto de Montevideo? ¡Hasta ha suscitado la reunión del ministro Víctor Rossi, el intendente Daniel Martínez y el edil Mariano Arana, esa escalera real en el póquer de las inversiones internacionales!

Jugadas de largo aliento e irreversible proyección, como lo serían abrir la economía del país al mundo, o negociar un exitoso acuerdo de inversión con una, o más, empresas del porte de UPM requeriría del frenteamplismo el renegar de su naturaleza: no lo hará, y ya no le queda, por lo demás, tiempo para hacerlo. Lo que el país tiene ahora que preguntarse es si alguien lo hará en su lugar, y mientras la agotada fuerza gobernante prepara la que cree es su renovación en la cabeza de Daniel Martínez, su termo y su mate.

Mientras tanto, recordemos la magistral y reciente lección en diplomacia: siempre habrá tiempo para “decirle que no a China”.


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