La mitad de los residuos que van a las plantas de clasificación no sirve

Dinama tiene en revisión las políticas de gestión de reciclaje a nivel nacional
El primer paso para reciclar basura empieza con una decisión personal. Cuando un vecino comienza a separar lo que sirve de lo que no entre los residuos que genera, se dispara todo una serie de acciones que terminan en alguna de las cuatro plantas de clasificación que hay en Montevideo.

El segundo paso involucra a los contenedores receptores, que en dos años se diseminaron por gran parte de la ciudad. Solo en el Centro hay más de 500 unidades anaranjadas especiales en recibir este tipo de residuos. Hay 500 receptores de envases de plástico, metal y vidrio distribuidos en diferentes puntos de la capital. Otros 100 contenedores de reciclables se distribuyen en complejos habitacionales y edificios y, además, 150 supermercados tienen en sus locales entre tres y cuatro unidades para depositar residuos reutilizables.

El tercer paso implica el trabajo de los camiones recolectores de la Intendencia de Montevideo (IMM). Entre dos y tres se encargan de la zona este de la capital y la misma cantidad lo hacen del lado oeste. El proceso termina cuando el material se vuelca en las plantas de clasificación.

Pero el cuarto paso trae la decepción. Cuando los trabajadores revisan los residuos y ven que lo que llega no es lo que esperaban, el enojo los envuelve. Y las autoridades admiten que ahí está el punto débil del proceso, debido que al menos el 50% de lo que llega no sirve y debe descartarse.

"Esperábamos que llegaran menos residuos no recuperables. No nos imaginábamos que –la cantidad- iba a ser tan importante", admitió a El Observador la economista Leticia Beledo, quien representa a la IMM en la comisión de seguimiento del plan de envases y además asesora al departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna.

Las plantas reciben en promedio 350 toneladas de residuos al mes, algo que estaba dentro de la cantidad esperable cuando se empezó a diseñar el plan, en 2013. Sin embargo, el problema no es la cantidad sino la calidad de lo que los vecinos tiran: un papel mojado, un desecho orgánico o un cartón sucio terminan perjudicando al resto de los materiales limpios que ya estaban dentro del recipiente. Por lo tanto, una bolsa mal clasificada en el primer paso del proceso afecta a buena parte del contenedor.

Al encontrarse con material en estado de putrefacción, animales muertos, gusanos o residuos prendidos fuego, muchos de los 128 trabajadores de las plantas se niegan a revolver la basura y piden que las cargas se envíen a la disposición final de residuos. "La promesa que habíamos hecho cuando inauguramos las plantas es que solo iban a llegar materiales secos y eso no lo hemos podido cumplir", admitió a El Observador Rosa De León, directora del Trabajo Promovido del Mides y encargada del programa Uruguay Clasifica.

El plan involucra a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a la Cámara de Industrias, a la IMM y al Ministerio de Desarrollo Social. Programas similares enmarcados en la ley de envases también se aplican en Canelones, en Rocha, en Maldonado, en Rivera y Flores, pero sus resultados no convencen el gobierno nacional.

"No es el escenario ideal que nos habíamos imaginado. Pensamos que la respuesta de los montevideanos iba a ser mejor". De León

La ley de envases fue promulgada en 2004 y reglamentada tres años más tarde, sin embargo, De León remarcó que el marco legal "habría que modernizarlo" dado que "no quedan claras las competencias de diferentes actores" y el Mides ni siquiera aparece como uno de los actores involucrados –la creación del ministerio fue posterior a la norma-.

El Observador intentó comunicarse con autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) pero las fuentes consultadas prefirieron no dar información porque señalaron que el programa "se está revisando íntegramente" y el gobierno se encuentra trabajando en la elaboración de una ley nacional de residuos que mejore la calidad del sistema.

Los responsables

El problema ya está identificado. Hay vecinos que no tiran los residuos en los lugares donde corresponde y eso afecta a todo el proceso, pero los participantes del programa son cautos a la hora de señalar a los ciudadanos como los responsables. "Por lo general el reciclaje no es obligatorio, la adhesión es voluntaria", señaló Beledo, que además marcó como positivo el hecho de que los vecinos lo intenten sin que nadie los obligue. La desinformación no solo hace que las personas tiren materiales no clasificables. A veces son residuos que podrían reciclarse si se limpiaran antes de desecharse –tetrapack de salsas, envases de yogur o de leche-, pero al no hacerlo se vuelven inútiles.

"No estamos acostumbrados a los sistemas de reciclajes aún en Montevideo". Leticia Beledo.
Entonces, ahí sí, tanto Beledo como De León coincidieron en que quizá la información que divulgaron las autoridades no llegó de modo correcto. "Probablemente hayamos fallado en trabajar un poco más con los medios de comunicación, en difundir", dijo la directora de Trabajo Promovido.

Paso cuatro: el factor humano

En los departamentos del interior que aplican la ley de envases los programas de reciclaje funcionan mejor que en la capital, explicó De León, ya que los vecinos suelen tener mayor sentido de pertenencia al lugar donde viven y eso hace que lo cuiden más. Sin embargo, en Montevideo las plantas de clasificación están mejor preparadas y los operadores tienen condiciones de trabajo más adecuadas.

Pero la adaptación de los empleados también tiene dificultades. Antes esos recicladores eran informales y no estaban acostumbrados a hacer aportes, por lo que explicarles que no todo lo el dinero de lo que venden se va para sus bolsillos fue uno de los desafíos, afirmó la encargada del programa Uruguay Clasifica. Aún así, los 128 operadores son una especie de grupo selecto entre los 3.000 clasificadores informales que hay en Montevideo, según estima el Mides.

En Montevideo hay 128 operadores de plantas, pero se estima que los clasificadores informales son cerca de 3.000.
La administración de Ana Olivera había anunciado en su momento que las plantas de clasificación serían ocho y el actual intendente, Daniel Martínez, hizo hincapié en varias oportunidades en la necesidad de seguir trabajando en ese sentido. Sin embargo, la única novedad que han tenido los recicladores es que muchos de quienes se habían alejado del oficio a raíz de la bonanza económica ahora han vuelto a hurgar, algo que preocupó a la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus). Su secretaria general, Patricia Gutiérrez, dijo a El Observador que la próxima semana irán a la Intendencia a intentar hablar con Martínez para buscar una respuesta a sus necesidades.

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