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La necesaria renuncia de Rousseff
La renuncia de la presidenta Dilma Rousseff es la única salida constitucional rápida y efectiva a la agravada crisis institucional de Brasil. Atenuarla es poco menos que imposible si Rousseff, como ha anunciado, se empeña en completar su período hasta 2019. Es la meta natural en un gobierno legítimamente electo. Pero, en las circunstancias actuales, la desaconseja el estado convulsivo en que ha caído el país a raíz del desgaste y desprestigio irreversible de la administración por pobreza de gestión, escándalos de corrupción e irregularidades de todo tipo. El Poder Judicial investiga la presunta participación de Dilma y su mentor Lula en el escándalo de Petrobras. Gana fuerza en el Poder Legislativo habilitar el juicio político para destituir a la presidenta. Y multitudes en todas las ciudades principales exigen la dimisión de Rousseff en masivas manifestaciones callejeras.
De poco le ha servido a Rousseff su intento de apuntalarse con el ingreso al gabinete del expresidente Inácio Lula da Silva, accidentado por idas y venidas judiciales, y de paso salvar a su mentor de un juicio en marcha por manejo de coimas. Este artilugio de la presidenta de asegurarle fueros ministeriales a las apuradas la expone a ser acusada de obstrucción a la Justicia. Y la continuidad de una administración fundadamente cuestionada dentro y fuera de fronteras mantendría a Brasil en declive económico en medio de una explosiva turbulencia social. El juicio político es un instrumento constitucional idóneo para remover a un presidente al que se le comprueben transgresiones graves. Pero, si se concreta, es un procedimiento que llevaría varios meses, espera que el país mal puede afrontar en su situación actual.
La gigantesca red de corrupción en torno a Petrobras y las coimas para comprar apoyos han movilizado a la Justicia, a partidos opositores y a millones de manifestantes contra el gobierno. Todos protestan además por el debilitamiento de la mayor economía de América Latina. Dos años de aguda recesión por incompetencia gubernamental, con caída del 4% en el Producto Interno Bruto, la retracción productiva y la creciente fuga de capitales han resultado en alta inflación, mayor desempleo y retorno a la pobreza de millones de brasileños. La salida voluntaria de Rousseff y su Partido de los Trabajadores del poder no solucionará de golpe estos problemas, pues la oposición no está ajena a los turbios manejos. Pero permitiría desactivar la peligrosa situación actual y abriría la esperanza de un gradual retorno a la estabilidad en todos los campos.
Si la presidenta reconociera la conveniencia de su renuncia, la reemplazaría su vicepresidente Michel Temer para completar el período o convocar a elecciones anticipadas. Temer lidera el Partido Movimiento Democrático Brasileño, el mayor del país y que todavía integra el gobierno de coalición de Rousseff. Actualmente evalúa, sin embargo, abandonar la coalición y pasarse a la oposición, como exigen muchos de sus dirigentes, lo que dejaría a Rousseff y Lula todavía más aislados y debilitados. Pero aun sin la decisión que finalmente tome el PMDB, la posición del gobierno es cada vez más insostenible. Es una realidad que, por el bien de su país, Rousseff debería reconocer en vez de aferrarse a un poder que ni ella, ni su antecesor Lula en sus dos períodos presidenciales, han sabido ejercer con administración eficiente y un mínimo de transparencia.
