La pregunta de los argentinos: ¿Puede Cristina terminar presa?

Es "la" pregunta que se hace en este momento todo el ámbito político argentino: ¿puede Cristina Fernández de Kirchner ir presa?

La expresidenta ya fue procesada en dos causas judiciales, mientras está imputada en otras cuatro que avanzan en los respectivos juzgados. Ha sido embargada en cifras millonarias.

La tensión en torno a su situación judicial se profundizó en las últimas semanas, luego que se hicieran públicos audios con charlas telefónicas con su exjefe de inteligencia, Oscar Parrilli, en los cuales hay frases que evidencian su intención de "apretar" fiscales y jueces.

La fiscalía acaba de pedir que se acelere la instancia de juicio oral por la causa "Dólar futuro" –en la que se la acusa de haber causado un perjuicio de más de US$ 3.000 millones al Estado al vender contratos por debajo del precio de mercado en las operatorias de futuros–, de manera que el próximo mes podría dar inicio esa fase.

A Cristina le preocupa, además de su situación personal, el hecho de que sus hijos Máximo y Florencia aparezcan implicados también en dos causas: Hotesur y Los Sauces, que investiga el uso de una empresa hotelera y otra de negocios inmobiliarios para desviar dinero de sobreprecios en la obra pública. Los hijos de la expresidenta deberán declarar a comienzos de marzo.

En esa escalada, la expresidenta ha dejado en evidencia su nerviosismo al llegar al extremo de suspender un viaje a Croacia, alegando que, con complicidad del gobierno de Mauricio Macri, se están poniendo en riesgo los derechos constitucionales.

En un escrito presentado por sus abogados ante los dos jueces que siguen las causas en las que está procesada, indicó: "Ante los gravísimos hechos que son de público y notorio conocimiento, inéditos en el período de la democracia argentina que se iniciara en 1983, los cuales son protagonizados por quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución nacional, por las obligaciones funcionales que la misma les impone –y que por lo tanto adquieren aún mayor gravedad institucional– vengo a manifestar que he tomado la decisión de no viajar".

El gobierno, criticado desde los dos flancos

En semejante marco, muchos miran de reojo la experiencia brasileña del Lava Jato y se preguntan si no habrá mérito para que la expresidenta sea detenida. Los enemigos más recalcitrantes de Cristina hasta se irritan con el gobierno macrista, al que acusan de operar en favor de que no haya detenciones.

Es frecuente escuchar en la prensa y los debates de las redes sociales argumentos en el sentido de que Macri prefiere una Cristina libre pero debilitada por las causas judiciales, porque ello le resulta funcional a su estrategia política.

Por caso, la diputada Margarita Stolbizer, de un espacio de centroizquierda, dijo que el Poder Ejecutivo había intervenido para frenar investigaciones contra la expresidenta.

"Los tipos que están gobernando son los directos beneficiarios de que Cristina Kirchner siga siendo una alternativa electoral. La expresidente, cuando dice lo que dice, espanta de tal manera que genera agua para el molino del gobierno. Y en Cambiemos no tienen un espíritu muy claro de combate de la corrupción", afirmó en una entrevista.

Curiosamente, en el kirchnerismo se sostiene la tesis absolutamente opuesta: que lejos de mostrar una postura "blanda", el gobierno y la justicia operan de manera mancomunada para hostigar a Cristina y encontrar la excusa que permita detenerla.

La propia expresidenta, en sus ya habituales cataratas de tuits y en videos que sube a YouTube, acusa reiteradamente al gobierno de estar detrás de todo el cerco judicial. El argumento defensivo de Cristina es politizar el tema al máximo, y plantea que cada nuevo "golpe" que da la Justicia contra ella tiene el objeto de tapar alguna situación negativa en la economía.

En esa línea, para Cristina es evidente que cada mala noticia respecto del desempleo, la inflación, las tarifas de servicios públicos o las caídas en el consumo tienen su correlato de una novedad espectacular en su situación judicial.

El caso de las escuchas telefónicas fue el que llevó la situación a su punto límite. Formalmente, la "pinchadura" telefónica fue ordenada por el juez no con el objeto de espiar a Cristina sino a Oscar Parrilli, que fue procesado por encubrimiento a un narcotraficante. Pero, naturalmente, toda la atención pública se centró en las expresiones de la exmandataria, que además de evidenciar su destrato –llamaba "pelotudo" a su exfuncionario– hablaba abiertamente sobre "armar causas" y ejercer presiones sobre jueces y fiscales.

En una demostración de apoyo político, todo el bloque legislativo kirchnerista acompañó a Parrilli en una conferencia de prensa en la cual denunció "un grave riesgo para la democracia".

No terminó de quedar claro cómo se filtraron las escuchas a la prensa, aunque para Cristina no cabe duda de que salieron del ámbito de los espías que trabajan para el gobierno y que hubo una orden política detrás de esa acción.

Por otra parte, la exmandataria acusa al gobierno de querer desprestigiarla y humillarla al exponerla a situaciones como la de "tocar el pianito" en dependencia judicial y armar un circo mediático al obligarla a trasladarse desde la localidad patagónica de El Calafate, donde reside, hasta Buenos Aires para un simple trámite administrativo.

Lo cierto es que, en esta agenda judicial en el que día por medio surge una novedad en las causas judiciales que la involucran, Cristina Fernández de Kirchner sigue ubicada en el centro de la agenda nacional. Y no está claro si es una situación que la perjudica o la beneficia.

Hasta ahora ha tenido relativo éxito en reforzar el liderazgo de su espacio político, sin que se genere un desbande de su propia militancia aun luego de escándalos como el de los bolsos con dinero de José López, su exsecretario de obras públicas.

Más bien al contrario, Cristina ha logrado convertir cada situación de debilidad en una demostración de fortaleza política, como cuando ante los tribunales de la avenida Comodoro Py organizó actos políticos en ocasiones en las que debió presentarse a declarar.

No está claro si funcionó correctamente su estrategia de autovictimización o si simplemente la opinión pública es más indiferente al tema que el micromundo de la política, pero la cuestión es que la intención de voto hacia la expresidenta no ha hecho más que subir.

Las últimas encuestas realizadas en la provincia de Buenos Aires marcan una intención de voto superior al 35%, un piso muy alto que la pone en posición de virtual ganadora si se postulara para las próximas legislativas de octubre.

El gobierno macrista "fogonea" la postulación de la expresidenta, en el entendido de que se beneficiará si se produce una polarización del electorado.

La "otra" pregunta que se hace todo el mundo político es si Cristina Fernández de Kirchner se postulará o no a las elecciones legislativas, ya sea por la provincia de Buenos Aires, de la cual es originaria, o de Santa Cruz, donde reside actualmente.

Algunos creen que su deseo personal es permanecer al margen pero que finalmente se someterá a la lucha electoral por la motivación de la protección que le brinden los fueros parlamentarios.

Pero está sometida a una fuerte presión. Su propia militancia le pide que se postule, porque sin ella en las boletas la intención de voto hacia el kirchnerismo se derrumba. Hay decenas de intendentes del conurbano cuya fortaleza política depende de que haya un "arrastre" de votos peronistas que los beneficien.

En la vereda de enfrente están las huestes de María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires y estrella ascendente del macrismo, que quiere consolidar su base de apoyo político con una victoria legislativa que la ponga en carrera para las presidenciales de 2019.

El gobierno, lejos de desear que Cristina se aleje de la lucha electoral, parece estar "fogoneando" su candidatura.

"Ella todavía representa a parte de la sociedad que la apoya y eso va a condicionar su decisión de candidatearse para un cargo legislativo", dijo en una entrevista el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En tanto, el líder de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, señaló: "Por una parte creo que Cristina Kirchner tiene tantos asuntos judiciales pendientes, tantas cuentas por rendirles a los argentinos, que es una falta de respeto al país volverla un objeto electoral. Pero así y todo, pienso que será candidata. Hay un porcentaje menor, pero importante, de argentinos que se referencian en ella y van a pedirle que los represente".

Los analistas políticos no dudan sobre cuál es la estrategia de la coalición Cambiemos: quiere polarizar la elección con el kirchnerismo, de manera de debilitar a las corrientes que se ubican en el centro del espectro político, como el peronismo renovador de Sergio Massa.

El razonamiento es que enfrentar a un peronismo kirchnerista desprestigiado por las denuncias de corrupción será la mejor estrategia para atenuar el malhumor social que causan las medidas de ajuste económico.

Es, naturalmente, una estrategia de doble filo. Si las elecciones fueran hoy mismo, el kirchnerismo ganaría en la crucial provincia de Buenos Aires y reforzaría su bloque legislativo, que había sufrido deserciones. Mientras que el macrismo disputaría el segundo, con riesgo de perder representación parlamentaria.

Es la más avanzada y, también, la que parece menos comprometedora para la ex presidenta. El juez Claudio Bonadio la procesó por considerarla responsable de una política que perjudicó el patrimonio del Banco Central, al obligarlo a vender contratos de dólar futuro a precios inferiores al de mercado.

Cristina intentó recusar al juez por "enemistad manifiesta". Ya hay indicación para la fase de juicio oral, que comenzará en el correr del año. Hay cierto consenso entre los abogados sobre que resultará difícil una condena, porque implica judicializar decisiones de índole técnica y política.

Es la segunda causa por la cual la ex presidenta fue procesada. A cargo del juez Julián Ercolini, investiga una asociación ilícita para cobrar sobreprecios en la obra pública, que luego volvía a la familia Kirchner bajo la forma de contratos de servicios en alguno de los negocios familiares.

Para el magistrado "se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Láaro Báez por sumas mayores en promedio al 15% del presupuesto original".

Cristina, además, fue embargada en $10.000 millones, unos 630 millones de dólares, cifra que ella acusa de ridícula por exceder su patrimonio y que fue dispuesta con el objeto de exponerla ante la opinión pública.

Es una causa complementaria de la anterior, que probablemente se termine unificando. También a cargo de Ercolini, investiga irregularidades en la administración de la empresa hotelera de la familia Kirchner en Santa Cruz.

La presunción es que los empresarios beneficiarios de la obra pública luego hacían retornar el dinero a los Kirchner por la vía de contratar sus hoteles de manera tercerizada. La sospecha surgió porque el negocio hotelero era claramente a pérdida, dado que su nivel de ocupación era casi nulo.

También a cargo del juez Bonadío, en esta causa se indaga a la ex presidenta por una operatoria similar a la de Hotesur, pero con una empresa de negocios inmobiliarios en Santa Cruz.

El magistrado trabaja con la hipótesis de que se fraguaron alquileres que, en realidad, serían sobornos o retornos entregados por Báez o el empresario Cristóbal López.

El magistrado resolvió intervenir la inmobiliaria de los Kirchner y la sucesión de Néstor Kirchner.

También resolvió correr a Máximo Kirchner de la administración de la herencia, al tiempo que se nombraron interventores judiciales.

Tanto esta causa como la de Hotesur están recién en una etapa inicial, y las chances de que Cristina sea condenada residen en que ambos expedientes se unifiquen con la causa sobre la obra pública, tal como pidieron las denunciantes Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

Cristina aparece acusada de formar parte del esquema por el cual el dinero procedente de operaciones ilegales, como los sobreprecios de la obra pública, salían del país con destino a cuentas bancarias del exterior.

Por esta causa está preso Lázaro Báez, que durante el kirchnerismo fue uno de los principales contratistas de obra pública. La causa tomó impulso gracias a declaraciones del financista Leonardo Fariña, ex empleado de Báez, que ahora como testigo protegido hizo un relato sobre el diseño de la estrategia para fugar el dinero.

El juez Sebastián Casanello debe si ordena el embargo de dos hoteles y bienes que conforman la herencia de Néstor Kirchner.

Sobre fin de año, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la reapertura de una causa que había sido archivada. Se trata de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien acusaba a Cristina de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de la Amia de 1994 a cambio de concesiones comerciales.

El pedido de reapertura se basó en dos elementos clave: por un lado, la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado. Por otro, el hecho de que el controversial Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.

Es probable que las apelaciones lleven el caso a la Corte Suprema.