La realidad esfuma el 6%

Los muchos ajetreos del Presupuesto en los venideros debates parlamentarios incluyen las cambiadas perspectivas del 6% para la educación y una sugerencia de asesoría económica, útil pero de improbable concreción. Durante la campaña electoral el presidente Tabaré Vázquez prometió, sin mayores condicionamientos, implementar ese porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. El compromiso era tan carente de asidero técnico como había sido asignarle a la enseñanza el 4,5% del PIB durante su primer período, ya que lo correcto es estudiar primero con precisión los requerimientos en esa área y prever los recursos necesarios para cubrirlos, que pueden ser más o menos que un arbitrario porcentaje del PIB.

Todo fue cambiando, sin embargo, desde que Vázquez asumió. Primero aclaró que se llegaría al 6% pero al final del período, contrariamente a la exigencia de los sindicatos docentes de que entrara en vigencia de inmediato. Dijo además que estaría sujeto al mejoramiento de los resultados en el descalabrado sector público, algo que los sindicatos rechazan de plano, negándose a una evaluación independiente. Y el ministro de Economía, Danilo Astori, ha esfumado aun más ese objetivo porcentual al declarar que el gobierno hará "los más grandes esfuerzos posibles para llegar (a esa meta) al final del quinquenio". O sea que ya ni siquiera se asegura alcanzar el manido 6% en el actual período, previsión realista dadas las apreturas financieras del gobierno y las disminuidas tasas de crecimiento previstas para los próximos años. Incluso el portal del PIT-CNT ya admitió que hay "incertidumbre" en el movimiento sindical de que el 6% se alcance bajo este gobierno.

Los recursos fiscales que se vuelquen a la educación son una inversión de enorme utilidad para la formación estudiantil y el futuro del país, siempre que vayan acompañados por las reformas que exige el sistema pero que siguen siendo resistidas por el músculo corporativo de los sindicatos docentes. Mientras no se llene este requisito fundamental, sería de mala administración asignar más y más fondos a un área anclada en el atraso, solo para evitar conflictos laborales accediendo a reclamos de mejores salarios. Es indiscutible que las remuneraciones de maestros y profesores son bajas. Pero la justificación para aumentarlas es que los docentes den su acuerdo a la contrapartida de mejorar los resultados de su gestión y aceptar reformas que están pendientes, pese a que fueron acordadas hace años por la totalidad del sistema político.

Otro tema de importancia para el futuro del Presupuesto es la sugerencia del Partido Independiente de que reputados economistas privados sean convocados por la comisión correspondiente para asesorar a los legisladores. El diputado Iván Posada señaló que de la misma manera en que se recurre al asesoramiento externo en aspectos jurídicos, sería pertinente la asistencia de especialistas en economía para evaluar el todavía incierto programa de gastos e ingresos presentado por el Poder Ejecutivo. La lista mencionada por Posada incluye tanto a economistas que actuaron bajo los gobiernos blanco y colorados como a otros independientes de toda afiliación partidaria. Pero los intereses políticos tornan improbable que la iniciativa prospere, aunque la presencia de esos técnicos sería de enorme utilidad para que los términos finales del Presupuesto sean tan realistas como viables.