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La seguridad en debate: interpelan a Bonomi

Bordaberry buscará golpear la política del ministro; el ministro quiere demostrar con cifras de rapiñas que ya se consiguen resultados
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27 de octubre de 2016 a las 05:00
En medio de la polémica por el último caso de violencia en el fútbol y por quién debe hacerse cargo de la seguridad en los estadios, el senador Pedro Bordaberry y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se enfrentarán hoy en la interpelación por la política de seguridad pública.

En los últimos días, Bordaberry reunió información con el objetivo de atacar la gestión en seguridad.

Bonomi no solo planea defender su política al frente del ministerio, sino que tiene previsto pasar al ataque con cifras que mandó pedir a los servicios de su cartera que en muestran que las rapiñas vienen en descenso.

En el ministerio están convencidos de que eso se debe a las medidas tomadas.

Sobre los enfrentamientos entre hinchas, el ministerio insistirá en el protocolo firmado en el que se establece que la seguridad dentro de los estadios corresponde a los clubes.

Bonomi quiere demostrar que el problema de la violencia "es estructural", dijeron a El Observador fuentes ministeriales.

Es un hecho también que la interpelación volverá a dividir las aguas y marcará el relacionamiento a futuro que ya está desgastado entre el gobierno y la oposición.

El interpelante

Bordaberry se preparó con asesores y leyó actas judiciales de homicidios y de incidentes en partidos de fútbol con los barrabravas.

"Los hechos ocurridos en los últimos tiempos no hicieron más que confirmar lo que las estadísticas oficiales vienen marcando hace rato", dijo Bordaberry a El Observador.

"Al último año cerrado, tenemos un aumento enorme de las rapiñas, un aumento muy grande de los homicidios (199 en 2011, 289 el año pasado), un aumento de los hurtos, una tasa de esclarecimiento del delito muy baja y una comunicación equivocada", afirmó.

Blancos y colorados irán por la censura al ministro y se verá en la sesión si buscan activar el mecanismo constitucional que en última instancia prevé que el presidente de la República convoque a elecciones parlamentarias anticipadas.

La oposición sabe que para eso no tiene los votos, pero mostrará con firmas de senadores el nivel de rechazo a la era Bonomi.

Entienden que para los recursos presupuestales que se votaron, la seguridad del país no es la esperada ni está cerca de ser aceptable.

En este tiempo se pidió también la salida del ministro, algo que no está en los planes del presidente Tabaré Vázquez.

La defensa del FA

El Frente Amplio, como hasta ahora, tiene resuelto blindar a su ministro. Los legisladores de izquierda recibieron el lunes al subsecretario del Interior Jorge Vázquez y al director general de secretaría, Charles Carrera, para procesar información, sabiendo que la oposición irá con todo en un tema sensible para la opinión pública.

El senador Ernesto Agazzi (MPP) comentó que la seguridad "no es responsabilidad del Ministerio del Interior".

"La seguridad es problema de todos los uruguayos. O vamos todos juntos en esta en contra de los vándalos, de los ladrones y de los asesinos o no tenemos futuro como país", opinó.

También dijo que dentro de los estadios la seguridad la deben resolver los clubes.

En tanto, la Mesa Política pidió defender la gestión de Bonomi desde las redes sociales.

Números y medidas

Bonomi prevé anunciar hoy en el Parlamento que a partir de noviembre habrá más policías en las calles y presentará una evaluación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). El subsecretario Vázquez comentó a El Observador que se detallará lo que se hizo y lo qué se logró. Se mostrará lo prometido y lo conseguido, dijo.

La población, según las encuestas, tiene a la seguridad como el tema de mayor preocupación. Hace dos semanas, tras el asesinato de un hombre que salió a defender a una amiga a la que estaban rapiñando en Carrasco Norte, hubo protestas callejeras en Pocitos y Carrasco, además de caceroleos en varios puntos de la capital.

El Ministerio del Interior informó a El Observador que se redactó un documento "potente" para defender la gestión.

Se mostrará lo que se consideran avances en el sistema de patrullaje instrumentado por contar con más efectivos, y por la aplicación del sistema PADO, que ya cumplió seis meses.

Ese programa dispone de 1.000 efectivos –500 trabajan en Montevideo, 250 en Canelones, 200 en San José y 50 en la Guardia Republicana– que patrullan y tienen horarios flexibles. Eso permitió ubicarlos según se van detectando los movimientos de los delincuentes a través de herramientas georreferenciales.

La Policía, con tecnología, determinó los llamados "puntos calientes" de la ciudad, donde se registran más delitos. Se conoce en qué barrios ocurren, con qué frecuencia, en qué esquinas y hasta los horarios en los que más actúan los delincuentes. Con esa información se moviliza al personal policial.

Fuentes ministeriales informaron a El Observador que una respuesta más rápida de la Policía generará enfrentamientos armados con los delincuentes.

Las autoridades afirman que la utilización de cámaras en la vía pública, sumado al nuevo diseño del trabajo policial llevó a bajar los delitos en Montevideo, al menos en ciertas zonas, aunque hubo un corrimiento hacia otras áreas incluso del interior.

Más violentos

Allegados a Bonomi comentaron que los problemas de seguridad son complejos de resolver y más en una sociedad cada vez más violenta. Para demostrar esa característica, presentarán datos que indican que el país tiene una tasa de homicidios de 8 cada 100 mil habitantes. También marcarán la violencia por el número de suicidios, y los accidentes de tránsito mortales que son 16 cada 100 mil habitantes.

Otros números sobre el comportamiento de la sociedad refieren a la violencia doméstica, que son casi la tercera parte de los homicidios; y lo que ocurre en los estadios deportivos, como el caso del hincha de Peñarol herido de bala el domingo dentro del Estadio Centenario.

Becarios para las seccionales

El 8 de noviembre empezarán a trabajar 220 universitarios y técnicos en tareas administrativas en las comisarías, lo que permitirá liberar policías para el patrullaje.

Con ese nuevo personal se espera, además, mejorar la atención a la población que concurre a las comisarías a presentar denuncias o por otros trámites.

Esos 220 universitarios ingresarán como becarios por 18 meses y luego rotarán permitiendo el ingreso de otra tanda.

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