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La Suprema Corte pide fondos para aumento salarial de 21,6%
Pide partida de unos US$ 30 millones a partir del año próximo
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30 de agosto de 2015 a las 05:00
En el primer artículo del proyecto de presupuesto que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) enviará mañana lunes al Poder Ejecutivo se plantea un aumento a partir de 2016 de unos $ 900 millones (cerca de US$ 30 millones) para comenzar a pagar un aumento de 21,6% en los salarios de magistrados y funcionarios judiciales.
La SCJ, en su proyecto de presupuesto al que accedió El Observador, reclama al Poder Ejecutivo "el monto necesario para conceder a los magistrados y funcionarios de los diversos escalafones, porcentualmente equiparados de ese inciso, que ocupen cargos o funciones contratadas, el incremento correspondiente a la equiparación salarial con el cargo de Ministro de Estado".
De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial busca poner fin al extenso conflicto salarial con el gobierno generado por la equiparación salarial aprobada en el Presupuesto del gobierno de José Mujica (2010-2015) y que ha generado deuda con los judiciales por cerca de US$ 240 millones.
El conflicto se desencadenó cuando el Poder Ejecutivo resolvió incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la SCJ están equiparados a los ministros de Estado, esa norma generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial debido a que los salarios de todos los escalafones judiciales están enganchados a los sueldos de los ministros de la corporación. Como el gobierno de Mujica pretendía solamente aumentar los sueldos de los ministros de Estado, aprobó una norma que acotaba a ellos los incrementos, pero esa norma fue declarada inconstitucional en 2011.
El planteo presupuestal de la SCJ implica un incremento salarial de 21,6%, pero los jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios reclaman un aumento de 26%.
Pago de juicios
Por otra parte, la SCJ en su proyecto de presupuesto reclama al Poder Ejecutivo una partida anual a partir de 2016 de US$ 20 millones (US$ 690 mil) para "financiar las cantidades líquidas y exigibles que surjan de la ejecución de sentencias, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que condenen al Poder Judicial".
Eso es porque una ley aprobada en diciembre de 2014, además de fijar un aumento salarial de 8% en el Poder Judicial como vía para solucionar el conflicto por la equiparación en las retribuciones, modificó el artículo 400 del Código General del Proceso (CGP) que establecía que los juicios contra el Poder Judicial terminaba pagando Rentas Generales.
La modificación aprobada excluyó a la SCJ de ese mecanismo de liquidación de sentencias y estableció que los casos en su contra serán abonados " con cargo al presupuesto del inciso". Esa nueva disposición fue cuestionada por el máximo órgano judicial.
