Recientemente se anunció la instalación de la tercera planta de celulosa, lo que fue considerado una buena noticia para el país. Repasemos el camino recorrido para sacar lecciones, útiles para otros sectores.
Hace tres décadas, Uruguay no tenía una actividad forestal significativa debido a la inexistencia de una forestación nativa con especies madereras valiosas. El proceso fue: primero se estudió el tema gracias a la cooperación japonesa que produjo un Plan Maestro para el desarrollo forestal del país; luego se creó una ley de Promoción Forestal votada por el 100% de los legisladores en 1987.
En dicha ley se previó (respaldado en el concepto de "industria naciente") una exoneración global de impuestos y el pago de un subsidio de 50% del costo de plantación. Finalmente se aprobó un proyecto con el Banco Mundial para financiar el pago de los subsidios.
Se clasificaron los suelos del país, estableciendo como de prioridad forestal aquellos de alta productividad forestal y baja capacidad productiva agrícola o ganadera, y los beneficios de la ley de Promoción Forestal se ataron a la plantación sobre estos suelos.
Esta visión fue exitosa: en 4% del territorio y sobre los peores suelos, la forestación genera exportaciones similares a la agricultura, que usa áreas mayores y de los mejores suelos, y a la ganadería sobre todo el resto del país. Este desarrollo le costó al país unos US$ 66 millones en subsidios, una bicoca comparado con lo que le hemos volcado a temas sin retorno.
Al concebir este proyecto muchos especialistas lo pensaron orientado hacia la producción de madera de aserrado, considerando a la pulpa como un producto secundario. Yo nunca compartí esa visión quizás porque desde el primer momento decidí ir a Australia a ver cómo funcionaba ese negocio allí donde existía hacía décadas (siempre pienso que a los uruguayos nos falta viajar y ver antes de hablar). Para mí la pulpa iba a ser la punta de lanza de la forestación en Uruguay.
En primer lugar, nunca entendí por qué hacer pulpa del papel para imprimir los billetes del mundo era fabricar un producto menos interesante que una tabla de encofrado o un marco de ventana. En segundo lugar, un ciclo más corto en un país más riesgoso vuelca la balanza del inversor a favor de ese producto. En nuestra forestación un ciclo de pulpa a ocho o 10 años prevalece sobre ciclos de 20 a 25 años para el aserrado.
Como país nos conviene esta predominancia pulpera porque estos ciclos cortos generan más mano de obra en los pueblitos cerca de las plantaciones donde crearon puestos de trabajo (en viveros, por ejemplo), incluso para mujeres que no tenían un mercado laboral. Estas pulperas además no dependen del Mercosur: le venden al mundo sin tener que sufrir las miserias de nuestras fronteras siempre trancadas gracias al viejo "más y mejor Mercosur".
La forestación es una historia de éxito para el país, donde el Estado cumplió su función estudiando y legislando bien y los privados cumplieron la suya invirtiendo y gestionando. Como detalle diré que no me cierra el concepto de zona franca sobre las plantas; apoyo las exoneraciones fiscales a la inversión incluso potentes y muy largas (digamos tres décadas) en estos casos especiales pero, ¿para siempre? En el año 2031 ya toda la inversión estará amortizada financieramente pero la empresa seguirá y entonces es justo que pague impuestos como todos los demás.
Creo entonces que la lección del caso forestal debería ser replicable en otros sectores del agro nacional. Por ejemplo, ¿por qué no creamos un Plan Maestro para la Granja y luego una ley de promoción granjera? ¿Y un Plan Maestro Minero y ley de promoción minera? ¿Y un Plan Maestro para la Pesca y ley de promoción pesquera? ¿Y un Plan Maestro del Uso del Agua y una ley de promoción del riego?
Es una pena que los gobiernos pasen y no dejen ni uno de estos nuevos motores prendidos y solamente se focalicen en cómo cobrarle más impuestos a los que están produciendo. Así achicamos el país en vez de agrandarlo, como hicimos con la forestación. Dicho todo lo cual, bienvenida sea la tercera planta, símbolo de una gestión de recursos e interacción público privada exitosa en el país.
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