Lapidaria advertencia pediátrica

Informe señala que "mayor disponibilidad de marihuana" amenaza inducir "un consumo significativamente mayor"

Mientras el gobierno deriva indeciso y contradictorio en esa agresión a la salud que es la legalización de la marihuana, las asociaciones de pediatras del Cono Sur han emitido un lapidario informe sobre los efectos de la droga. El más reciente eslabón en la cadena de confusiones y traspiés oficiales ha sido el caso de inspecciones comprobadas a locales de ventas pero que la jefa ministerial del área niega que existan. Más grave fue el comunicado conjunto emitido por instituciones médicas regionales y dado a conocer por la Sociedad Uruguaya de Pediatría.

Establece que el dislate uruguayo de “mayor disponibilidad de marihuana” amenaza inducir “un consumo significativamente mayor entre niños y adolescentes”. Y advierte que “están bien demostradas las consecuencias negativas del consumo de marihuana durante el embarazo y en los niños y adolescentes con relación al aprendizaje, la deserción estudiantil, la salud mental, los riesgos de adicción y lesiones producidas en siniestros de tránsito”. Concluye que “los daños se producen con mayor frecuencia entre aquellos que viven en situación de pobreza, aumentando el drama de la inequidad”.

El gobierno se vanagloria de su combate a la pobreza y las desigualdades sociales. La intendencia de Montevideo se empeña en la seguridad en el tránsito. Todos estos loables objetivos se diluyen por la legalización del consumo recreativo de cannabis, como claramente lo establecen las organizaciones pediátricas de la región. A esto se agregan las contradicciones en que incurre el Ministerio de Salud Pública (MSP) en torno al tema. Ya se abrió el registro para que los adictos puedan comprar la droga en las pocas decenas de farmacias, entre las 1.200 del país, que han accedido a venderla. Pero al mismo tiempo el ministerio ha lanzado una campaña en sentido contrario, instando a la gente a no comprar lo que autoriza a vender.

Y el caso de las inspecciones parece de vodevil si no fuera trágico. El Observador informó de tres dueños de locales que venden productos para consumir marihuana, como hojillas y pipas, a quienes inspectores del MSP conminaron a no exhibir esos elementos. Pero Ana Lorenzo, del Área Programática de Control del Tabaco del ministerio y jefa de los inspectores involucrados, afirmó que sus funcionarios no fiscalizan nada relacionado con la marihuana. Toda esta enredada nebulosa es consecuencia directa de la ley que el expresidente José Mujica se empecinó en sacar adelante. Su justificación era que la legalización disminuiría el uso de drogas más nocivas, como la pasta base, y que combatiría el narcotráfico.

El fracaso está a la vista. El consumo de otros estupefacientes no ha decaído y el aumento de las incautaciones de marihuana contrabandeada desde Paraguay, de 73% el año pasado con respecto a 2015, evidencia el auge del tráfico ilegal cuando la ley de Mujica ya estaba vigente. El presidente Tabaré Vázquez se ha declarado contrario a la liberación de la marihuana pero lo ata un curso fijado por una ley que Mujica prometió derogar si no daba el resultado esperado pero que nunca lo hizo. El gobierno se ha limitado a ir estirando los plazos de vigencia y a tratar de disuadir el consumo. Pero si quiere ser coherente con sus encomiables políticas de defensa de la salud de los uruguayos en tantos otros campos, la acumulación de factores negativos torna imperativo eliminar una ley probadamente nefasta.


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