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Las 11 violadas de Atenco que esperaron una década por justicia
El 3 y 4 de mayo de 2006 quedaron grabados a fuego en las 11 mujeres que fueron parte de una detención masiva en el Estado de México. Ellas, junto a otras 50, fueron detenidas durante una protesta que realizaban contra la construcción de un aeropuerto internacional en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
Por ese entonces el gobernador del Estado de México era el actual presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, quien ordenó reprimir la manifestación en San Salvador Atenco.
Los incidentes terminaron con dos muertos y 217 detenidos, entre ellos unas 50 mujeres que fueron llevadas a una cárcel que se encontraba a varias horas de su ciudad. Allí comenzó un infierno de abusos donde fueron violadas en reiteradas oportunidades, golpeadas, "penetradas con objetos de metal" y humilladas, según señala una nota publicada este jueves por el diario The New York Times.
Las mujeres, que en su mayoría eran comerciantes, estudiantes y activistas, no fueron vistas ni tratadas como víctimas por el gobierno de ese momento. De hecho cinco de las abusadas fueron presas durante un año o más por atacar a un policía o cargos falsos, según determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.
En estos 10 años, las víctimas debieron soportar la impunidad de sus agresores, el señalamiento sociales por haber estado presas y el enorme costo personal que implica una situación de abuso.
La responsabilidad del gobierno mexicano
Ante la falta de justicia en su país, 11 del medio centenar de mujeres abusadas resolvieron denunciar el calvario que les tocó vivir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso ocurrió en 2008 y en 2011 el caso fue aceptado bajo el nombre "Mariana Selvas Gómez y otras".
Ahora, la Comisión notificó al gobierno de Peña Nieto que el caso será investigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), un tribunal independiente con autoridad legal en México.
Esta Comisión determinó que los esfuerzos de México para investigar las denuncias de las mujeres "fueron insuficientes" por lo cual planea hacer una "investigación mucho más exhaustiva" que permita establecer responsabilidades.
¿Esto puede salpicar al presidente Peña Nieto? Desde la oficina del mandatario se esforzaron por subrayar que la CIDH "no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación".
Sin embargo el hecho de que fuera Peña Nieto quien ordenó la represión lo podría situar en la mira de la investigación. Incluso, si la Corte concuerda con el dictamen de la Comisión, puede ordenarle al gobierno mexicano que extienda su investigación sobre el caso, "un requisito que podría obligar al Estado a investigar a su propio presidente", señala The New York Times.
¿Qué hizo el gobierno mexicano por las víctimas en estos 10 años?
Una vez que el informe de la Comisión fue presentado, el gobierno de México informó que, desde marzo de 2013, reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión.
Además, según un comunicado, buscó "sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y otras para evitar la repetición de hechos similares", y recordó que hay más de 30 personas detenidas.
Además, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, y, para evitar que se repitieran actos similares, adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública, entre otros.
Sin embargo, para la comisión lo hecho por el gobierno fue más que insuficiente. Recuerdan las declaraciones del presidente Peña Nieto a un periódico local luego de que las mujeres denunciaron los abusos, en donde el mandatario indicó que se trataba de una táctica utilizada por grupos radicales.
