Las corporaciones y la República

El pasado 1° de marzo se cumplieron 30 años del restablecimiento de la democracia en Uruguay.

El pasado 1° de marzo se cumplieron 30 años del restablecimiento de la democracia en Uruguay. Y la misma se ha mantenido sin fisuras, sin interrupciones y sin claudicaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de la región. No han tenido que renunciar algunos presidentes antes del fin de su mandato, no se han dado “golpes civiles” por los cuales manifestaciones callejeras más o menos dirigidas han provocado cambios en el gobierno, no se ha registrado fraude electoral ni han habido denuncias de ello. Los tres poderes del Estado funcionan normalmente. En la región, muchos miran con envidia nuestra solidez institucional.

Sin embargo, no todo son rosas en nuestro jardín democrático. El inicio de la tercera administración frenteamplista, con mayoría parlamentaria, no ha sido todo lo fluida que cabía esperar de un cambio de gobierno pero no de partido. Y los problemas no han surgido de la oposición parlamentaria, que casi no ha pesado aún, sino de las corporaciones sindicales.

Ya antes de asumir, el gobierno tuvo que afrontar duras críticas sindicales por el TISA (acuerdo de libre comercio en servicios) al que decidió sumarse, con acierto, la administración Mujica con Luis Almagro al frente de la cancillería. Lo que parecía al principio una mera desinteligencia informativa, terminó develando una enorme batalla ideológica entre el PIT-CNT y el partido de gobierno. Mujica apoyó la participación de Uruguay en el TISA manteniendo su posición original sobre el asunto y el gobierno actual consideró que no estar allí “es un lujo que no nos podemos dar”, pero el PIT-CNT resolvió redoblar la apuesta y uno de los motivos del próximo paro será la oposición a todo posible ingreso al TISA, con negociación previa o sin ella. Parece que la central sindical desea manejar la agenda de la cancillería.

Otro tanto ocurre con el Fondo para el Desarrollo (Fondes) y el cambio de visión del nuevo gobierno para que este fondo no solo contribuya a financiar empresas autogestionadas sino todo tipo de actividades empresariales, en especial microemprendimientos. Y por lo demás, poner orden y concierto en la forma de presentar los proyectos, de mostrar su viabilidad y de aprobarlos. En la constitución final del Fondes se juega algo más importante incluso de quienes pueden ser los beneficiarios de sus aportes. Está en juego una concepción ética del país: si vamos a apostar por el desarrollo de una cultura empresarial del riesgo y de la innovación o si vamos a seguir en la cultura de la mediocridad, de apoyar cualquier proyecto a cualquier precio. Y antes de que el Parlamento comience la discusión del proyecto de ley, la central sindical pretende convertir al Fondes en otro punto de batalla.

A esto hay que agregar una nueva discusión por la política de rebaja del IRPF y las sí ya habituales batallas presupuestales de cada quinquenio y de cada Rendición de Cuentas, los paros al inicio de clases, la polémica por el presupuesto educativo y  una agresividad poco común en una central sindical que tiene enfrente a un gobierno de izquierda, que ya conoce. Ningún cuco “neoliberal”.

¿Por qué entonces este grado de confrontación que emerge y que se palpa en cada momento? Porque, más allá de discrepancias puntuales sobre aspectos salariales y laborales, propios de la discusión entre gobierno y gremios en cualquier país civilizado, parece crecer en la dirección de la central sindical un afán de participar en otras decisiones y políticas que no son de su incumbencia, incluyendo la política exterior, las relaciones con el señor Maduro y la inserción de Uruguay en el mundo.

Para definir esos temas, el Uruguay se ha dado una forma de gobierno democrática y republicana, donde quienes deciden son los representantes electos por la ciudadanía y no aquellas corporaciones que tengan más o menos fuerza de movilización. Y aquí es donde se juega el verdadero partido: o predomina la República, con sus tres poderes separados, con justicia independiente, con libertades y garantías, o caemos en los problemas institucionales que afectan a nuestros vecinos.

Un desplazamiento de las decisiones políticas de las autoridades elegidas democráticamente hacia organizaciones corporativas, no solo enrarecerá el clima institucional, sino que pondrá en serio riesgo los avances logrados y trancará la implementación de reformas que el país ya no puede postergar por más tiempo.


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