Las instituciones que más se beneficiaron con las donaciones privadas

El liceo Impulso, la Udelar y Teletón son las tres instituciones que más donaciones privadas recibieron en los últimos seis años, por un total de US$ 22,4 millones
La posibilidad que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de realizar exoneraciones tributarias especiales a las donaciones que se hagan a instituciones de enseñanza, salud y apoyo a la niñez, nació en 2007 de la mano de la ley de Reforma Tributaria, y desde entonces se convirtió en una herramienta cuyo uso creció de forma significativa.

El tema está por estas horas en el centro del debate, luego de una propuesta presentada por la diputada Macarena Gelman, de la agrupación IR, que fue aprobada por la bancada oficialista de diputados en el marco del proyecto de Rendición de Cuentas. La iniciativa plantea retirar los beneficios fiscales cuando las donaciones tienen como destino las universidades privadas.

Eso supone que las instituciones verían comprometido el acceso a unos US$ 1,4 millones anuales, la mitad de los cuáles se destinan a que estudiantes que no pueden pagar una carrera parcial o totalmente, vayan gratis o paguen menos.

Cómo se utilizaron


El universo de exoneraciones fiscales aprobadas por el Poder Ejecutivo para entidades de enseñanza, salud y apoyo a la niñez pasó de US$ 3,1 millones en 2010 a US$ 12,6 millones en 2015. En ese período se recibieron donaciones por un total de US$ 47,3 millones, de los cuales US$ 39,2 millones fueron resignados a nivel fiscal, según datos correspondientes al informe económico financiero presentado por el gobierno en la última Rendición de Cuentas.

El régimen vigente establece que la exoneración otorgada a los donantes implica una renuncia fiscal para el Estado equivalente al 83% del monto donado, por lo que el aporte real del donante es de 17% del monto percibido por el beneficiario.

En los últimos seis años la institución que más se benefició fue la Fundación Impulso, con fondos por US$ 8,3 millones, que representaron el 17,7 % del dinero que aprobó Economía en todo el período. Esta fundación es la responsable del liceo de tiempo completo laico y gratuito de gestión privada que lleva el mismo nombre y que está ubicado en la zona de Casavalle en Montevideo.

El segundo lugar del ranking general lo ocupa la Universidad de la República (Udelar), con donaciones por US$ 8,1 millones –incluye a todas las facultades públicas y vinculados–, y le sigue la fundación Teletón, que recibió donaciones por US$ 5,9 millones entre 2010 y 2015.
En cuarto lugar viene la ANEP con US$ 4,2 millones y en quinta y sexta posición le siguen la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, con donaciones recibidas por US$ 2,7 millones y US$ 2,5 millones respectivamente.

Detrás, en séptimo lugar se ubica la Universidad ORT con US$ 2,45 millones y en octava posición el liceo Jubilar con donaciones por US$ 2,43 millones. Los primeros 10 lugares lo completan la Fundación Niños con Alas con aportes por US$ 1,5 millones y la Fundación Pérez Scremini con US$ 1,2 millones.

Qué pasó en 2015

Si se observa lo ocurrido en 2015, de un total de US$ 12,6 millones de donaciones, el 35% fueron destinadas a instituciones de educación terciaria e investigación, el 27% a instituciones de educación primaria, secundaria y técnico profesional, el 22% a organismos vinculados a la atención de la salud y el 16% a instituciones de apoyo a la niñez y la adolescencia.

Cómo funciona


La normativa vigente establece que para ser beneficiarias de donaciones especiales las instituciones habilitadas deben presentar previamente los proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas y en ellos debe establecerse el destino de los fondos donados y un plazo estimado de ejecución. El ministerio también realiza un seguimiento para controlar que los fondos hayan sido debidamente utilizados. De lo contrario, se excluye a la organización del régimen de beneficios.

Cada institución tiene plazo máximo hasta el 31 de marzo de cada año para presentar los proyectos a ser promovidos. Eso permite a las autoridades determinar el monto máximo de exoneraciones para cada año, atendiendo a los proyectos presentados y a las posibilidades fiscales, y asignándoles a las diferentes instituciones beneficiarias, según se explica en el informe de Rendición de Cuentas.

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