Lastre chavista por la borda

La región no puede dilatar más desprenderse del chavismo, luego del colapso de todo vestigio remanente de democracia en Venezuela. La reconvención de Uruguay y otros 11 países al presidente Nicolás Maduro por sus dos últimos desmanes evidencia que se ha llegado al límite de la tolerancia continental con las arbitrariedades de su régimen. El agravamiento del derrumbe democrático en esa desventurada nación solo deja abierto el camino de suspender a su gobierno de los organismos regionales. El Mercosur ya está en proceso de hacerlo por decisión de los socios fundadores. La medida está dispuesta si para el 2 de diciembre no ha cumplido requisitos legales del bloque, pendientes desde 2012. Esta motivación, sin embargo, no esconde la verdadera razón, que es el hartazgo mercosureño con la vergüenza chavista.

Igual reacción se extiende en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde gana fuerza la aplicación de la cláusula democrática, violada en forma flagrante por quienes rigen Venezuela. Solo los defienden los regímenes amigos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Hasta la administración Vázquez, hasta hace poco blanda con el chavismo por las simpatías que sigue teniendo en sectores del Frente Amplio, se ha plegado al clamor continental. Además de compartir el ultimátum del Mercosur, Uruguay integró el grupo de naciones que, desde Canadá en el norte hasta la socialista Chile en el sur, emitieron un comunicado conjunto como miembros de la OEA en repudio a la suspensión del referéndum para revocar el mandato de Maduro y a la prohibición a líderes opositores a salir del país.

Ambas medidas fueron tomadas por el Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial, cuyos integrantes son obedientes siervos de la voluntad del presidente. El comunicado de 12 de los 35 miembros de la OEA denunció que las dos últimas acciones de Maduro "afectan la posibilidad de establecer un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición que permita una salida pacífica a la crítica situación". El término clave es "pacífica" porque Venezuela está al borde de una generalizada violencia civil. La oposición denunció un golpe de Estado y anunció movilizaciones en todo el país para resistir a un gobierno que ha hecho añicos la democracia, la economía y el tejido social. El Parlamento, con mayoría opositora, se declaró en rebeldía en una sesión convulsionada por el violento ingreso al hemiciclo de una turba de chavistas que atacaron e hirieron a legisladores y periodistas. Y ni se descarta, por otra parte, un posible manotazo militar desde las propias filas del chavismo.

Además de las advertencias de los miembros de la OEA, su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, denunció un "rompimiento democrático" en Venezuela y reclamó acciones de la comunidad continental.

Maduro ha rechazado airadamente hasta ahora las presiones internacionales para que restablezca la institucionalidad. Una nueva mediación que intentan el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el Vaticano difícilmente tenga más éxito que previos esfuerzos de personalidades de América Latina y Europa. En ese caso al continente no le queda otro camino que suspender a Venezuela de la OEA, el Mercosur y la Unasur, hasta que se restablezca la democracia en esa nación, incluyendo "el pleno respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional" que exige el comunicado de los 12 países.