Los “buitres” y la karroña

Sin mundial, el gobierno argentino hace de la causa “buitres” un capítulo más de su leyenda épica para disimular problemas económicos

El 23 de diciembre de 2001, el peronista Adolfo Rodríguez Saá, que había sido ungido presidente provisional de Argentina por el Congreso durante el interregno que sucedió la renuncia de Fernando De la Rúa y la asunción de Eduardo Duhalde, declaró entre gritos y aplausos el cese de pagos de toda su deuda pública.

No fue el primero en la vida del vecino país pero sí el más resonante. En total fue por más de US$ 100 mil millones, el mayor incumplimiento soberano de la historia económica contemporánea.

Por entonces, el hoy ministro de Economía argentino Axel Kicillof estudiaba en la Facultad de Economía de Buenos Aires y militaba en una agrupación estudiantil afín al peronismo.

La referencia tal vez sirva para encontrar la matriz que explique cómo es que un país tan vasto y rico en recursos naturales  se las ingenia para estar siempre ante los ojos de la comunidad económica internacional como un paria. Esta semana volvió a serlo al entrar por segunda vez en default en 13 años al incumplir con el pago de vencimientos de deuda por US$ 539 millones con los tenedores de títulos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 que el kirchnerismo ofreció en el marco de su política de “desendeudamiento” y a los que el oficialismo denomina “buitres” por comprar los papeles a precios viles y litigar judicialmente para obtener el 100% de lo invertido. 

Esos títulos contienen una cláusula denominada RUFO por su sigla en inglés (Rights Upon Future Offering o Derechos Sobre Futuras Ofertas). Es una cláusula que vence a fin de año y por la cual si Argentina negocia con algunos bonistas mejores condiciones que las acordadas en la reestructuración, el resto de los acreedores puede reclamar esas mismas condiciones, como es el caso de dos fondos de inversión a los que el juez estadounidense Thomas Griesa les dio la razón

Kicillof insistió esta semana que termina en que pagarles a los holdouts según las condiciones que exigen sería violar la ley argentina, por lo que solicitó un stay hasta al menos fin de año es precisamente para no violar la cláusula RUFO.

Esta es la razón principal por la que Argentina ha preferido entrar en default antes que terminar de pagar la deuda, ya que si hubiera accedido a cumplir con las exigencias de los holdouts en este momento, el país hubiese tenido que desembolsar unos US$ 15.000 millones extra para pagarle al resto de los bonistas.

Mientras duró el Mundial de fútbol en el que Argentina llegó a la final después de 24 años el tema quedó soterrado, lo que le vino de maravillas al gobierno de Cristina Fernández, pero tan pronto se terminó la euforia mundialista la zaga de los bonistas que representan apenas 7% de la deuda en mora se transformó en una causa nacional para el gobierno que necesitaba de un enemigo externo para disimular los problemas económicos internos del país que, sin acceso a mercados y severos problemas fiscales entró en recesión económica de la que le será difícil zafar por la desconfianza que genera en los inversores.

En Uruguay el impacto aún no se observa en los grandes números macroecónomicos pero los analistas independientes no dudan que se resentirá el nivel de actividad por el peso que el vecino del Plata tiene en el comercio y los servicios de Uruguay. De hecho, el índice Líder de Ceres -que sirve para anticipar los cambios en los ciclos de actividad económica- dio un primer trimestre de caída en el último cuarto del Año pasado y es factible que haya bajado en el primer trimestre de este año lo que configuraría técnicamente haber ingresado en recesión por primera vez tras una década de expansión.






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